El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” propone un cambio de paradigma en la relación Estado–propiedad, que perjudicará al “campo que alimenta” pero también a quienes no tienen vivienda en las grandes ciudades y deben afrontar un alquiler para vivir o trabajar.
Sin embargo, basta con analizar la realidad con más datos y menos relatos para ver que lo que necesita la Argentina es justamente lo contrario.
En Argentina no existe una horda de pobres que usurpan a propietarios indefensos, pero sí una concentración de la tierra en pocas manos, como resultado de un proceso de concentración que se agudiza y de una desigualdad económica que agrava la situación.
Según la CEPAL, el coeficiente de Gini que mide la concentración de la tierra para Argentina pasó de 0.75 a fines de la década de 1980 a más de 0,80 en la actualidad (el índice Gini puede variar de 0, tendiente a una igualdad plena, a 1, el máximo grado de desigualdad). Esto implica que la tierra en Argentina está fuertemente concentrada, con una tendencia a una concentración aún mayor. A su vez, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) indica que el coeficiente de Gini en torno a desigualdad económica en nuestro país es de 0.45, un valor igual de grave.
Si ponemos el foco en la ruralidad, las estimaciones, según el último Censo Nacional Agropecuario, indican que la agricultura familiar representa al menos al 65% de los productores, pero solo accede al 13% de la superficie agrícola, lo que también se encuadra en una tendencia de expulsión.
Según el informe “Programa de Agricultura Familiar” del INTA, entre 2002 y 2018 los pequeños productores disminuyeron en un 27%. Si tomamos los últimos 30 años, en el marco de desarrollo del capital financiero en el campo se estima que 150.000 agricultores familiares desaparecieron en Argentina. A esto se le suma una precariedad registral de cientos de miles de hectáreas en las que viven comunidades campesinas y originarias desde hace generaciones pero que no cuentan con seguridad jurídica.
Lamentablemente, cuando se modificó el Código Civil quedó en el camino el proyecto de reconocimiento de la propiedad comunitaria. De igual modo quedaron sin ser tratados en el Congreso los proyectos de ley de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que proponían herramientas para intervenir en las diversas problemáticas expuestas.
En nuestro país, cerca del 60% de los productores hortícolas de los cinturones verdes son arrendatarios, y en la zona núcleo el 80% de la superficie se produce bajo arriendo. Con esos datos podemos dimensionar el costo que esta ley implicará para el sector productivo, ya que el proyecto busca eliminar las herramientas de intervención estatal y elevar los costos para que expropiar pase a ser mucho más caro.
De igual manera se verían perjudicados los habitantes de los centros periurbanos, donde residen grandes mayorías de la población que no pueden acceder a la vivienda propia porque comprar un terreno cada vez es más caro. Este proyecto de ley promueve que el valor inmobiliario aumente aún más, lo que también impactará en los alquileres de viviendas, locales y tierras para agricultura.
En EE UU, en 1860 Abraham Lincoln distribuyó más de 1 millón de hectáreas a colonos dando lugar a una revolución agraria a favor de los farmers, con créditos blandos del Estado que permitieron a los campesinos pobres adquirir semillas y tractores. Esa impronta verdaderamente liberal dinamizó la fabricación de maquinarias, la construcción de escuelas agrotécnicas en todos los pueblos y la producción de alimentos para los emergentes cinturones industriales. En Argentina, en cambio, la Generación del ´80 garantizó que solo 1000 familias se apropiaran de toda la tierra robada a los pueblos originarios. El propio Domingo Sarmiento –a pesar de haber alentado el despojo– insistía en la importancia de distribuir la tierra y evitar la concentración: sus ideas liberales contradecían la política de Roca.
Reformas agrarias liberales ocurrieron en Corea del Sur, Japón, Indonesia y en prácticamente todos los países considerados “desarrollados”. Incluso el crecimiento de China “por izquierda” no hubiera sido posible sin la Reforma Agraria que hoy permite que la mitad de la población viva en el campo con dignidad.
Si analizamos la actualidad de la Unión Europea, podemos encontrar múltiples dispositivos con que los Estados intervinieron ante la propiedad privada, garantizando equidad territorial, acceso a la vivienda y regulación del mercado inmobiliario.
Por el contrario, esta ley de “inviolabilidad” constituye un fuerte obstáculo para programas de colonización agrícola, regularización dominial, expropiación para asentamientos rurales, programas como el “Procrear rural” y mejoras en las condiciones de arrendamiento que favorezcan a los productores. Además, el proyecto obstaculizaría obras publicas como rutas, infraestructura energética, escuelas y hospitales.
Aunque parezca paradójico, este proyecto de ley también constituye una oportunidad para los espacios opositores al gobierno, que deberían promover un amplio debate sobre la cuestión de la tierra, tema pendiente, urgente y necesario para un programa nacional y popular de desarrollo. Es la oportunidad de romper el miedo que se instaló en la dirigencia –dictadura mediante– en torno una discusión estratégica. No hay Vaca Muerta, ni litio, ni dólares del agronegocio que puedan resolver esta cuenta pendiente: ¿La tierra, debe estar en función del pueblo o de los especuladores?
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