Involucran al expresidente mexicano en los sobornos de Odebrecht

Las causas abiertas por el pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht se está por cobrar otra presa de alto nivel. Esta vez el que está en problemas por presuntamente haber recibido sobornos es el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su nombre aparece en la lista negra, según el diario The Wall Street Journal, luego de la detención en España de Emilio Loyola, exdirector de Pemex. Loyola estuvo al frente de la petrolera de bandera mexicana entre 2012 y 2016, fue director de la campaña electoral de Peña Nieto, quien gobernó entre el 12 y el 18, y es un amigo de toda la vida del anterior mandatario del país azteca. Si bien el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, también había sido implicado en la nómina de “abonados” de Odebrecht, si el caso avanza sería el primer expresidente en ser procesado en la historia de esa nación.

Pero no es primero que desde el año 2014 resulta implicado en una megacausa regional contra maniobras de la empresa brasileña, hasta no hace tanto una multinacional con espaldas como para competir con los mayores conglomerados industriales del mundo y con fuerte presencia en todos los países de Latinoamérica.

Y en primer lugar se debe depositar la mirada sobre la propia casa, incluyendo al expresidente Lula de Silva, comprometido por el exjuez Sergio Moro en la causa Lava Jato. Donde se cargó más víctimas fue en Perú, que ostenta el récord de tener a tres expresidentes procesados y uno, Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando lo iban a detener.

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En esa nación, -en la que fue detenida como receptora de aportes ilegales la excandidata derechista Keiko Fujimori- el viernes pasado el actual jefe de Estado, Marín Vizcarra, tuvo que nombrar cuatro nuevos ministros porque los anteriores titulares de las carteras de Transportes, Energía, Educación y Justica están salpicados por la investigación sobre Odebrecht.

La firma -nacida en San Salvador de Bahía en 1944- vio a su CEO y nieto del fundador, Marcelo Odebrecht entre rejas como organizador de una suerte de asociación ilícita y a mediados de diciembre decidió desprenderse del lastre que significaba su nombre. En un comunicado breve, expicó que «la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio».

Sin embargo el despido del heredero de la dinastía, de 51 años, que recibió una condena a 10 años de prisión y fue derivado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, no fue bien recibido por el involucrado y en un comunicado dijo que era «otro acto de abuso de poder» del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de «paralizar las investigaciones» sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo, según destacó entonces un cable de la agencia AFP.

Es que la imagen de la empresa había quedado fuertemente dañada y de lo que se trataba peurtas adentro era de ver quién pagaría los platos rotos de la cercanía con algunos gobiernos y el reslapdo indudable que le dio al salto regional el proceso popular que abrió Lula en 2003 y que no casualmente se cerró con la destitución de Dilma en 2016. 

Cuando el escándalo estalló en todos los países de la región, el primer intento de parar el vandaval fue que los directivos reconocieron ante las cortes estadounidenses haber pagado sobornos y fue condenada a pagar multas por 2600 millones de dòlares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Curiosamente, tambien reconocieron haber pagado 35 millones de dólares en Argentina para obtener la adjudicación de 8 proyectos entre 2007 y 2014, en los que obtuvieron, afirmaron, beneficios por 278 millones.

Las causas contra Odebrecht se cargaron a presidentes y ex en Perú, pusieron sobre las cuerdas a funcionarios en Panamá, Guatemala, enlodaron al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y ahora a dirigentes mexicanos, y las sospechas sobre acciones similares en Argentina fueron confirmadas por representantes de la empresa ante la justicia. Sin embargo es muy poco lo que se avanzó en este lado de al frontera. Por trabas en la justicia y palos en la rueda de la dirigencia local.

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Entre los involucrados, junto con exfuncionarios ya procesados por otras causas como el exministro Julio de Vido, hay empresarios de la construcción y fundamentalmente de las empresas de la familia del expresidente, Mauricio Macri. Hay 19 procesados por presuntas coimas en un contrato de AYSA, entre ellos el ex presidente de la proveedora de agua y servicios sanitarios estatal, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex director de Infraestructura de Aysa; Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de otra firma brasileña, Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA).  

En otro caso resonante, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, junto a Odebrecht están en la mira la empresa de los Macri, Iecsa, que dirigía el primo del expresidente, Angelo Calcaterra. Iecsa figura como vendida al grupo de Marcelo Mindlin en marzo de 2017.

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En el caso de Peña Nieto, un cable de la agencia Sputnik indica que el exdirector de Pemex es investigado por presuntamente negociar 10,5 millones de dólares en sobornos con Odebrecht a cambio de contratos de la petrolera estatal y con la comptra de una planta de fertilizantes.

«La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel», declaró un funcionario judicial mexicano  a periódico neoyorkino.