Jaime Pastor Verdú: «Pedro Sánchez juega siempre con el miedo a un gobierno de derechas»

En un escenario polarizado, España mantiene a Pedro Sánchez como presidente, con un mandato de cuatro años. Logró la investidura de su tercer gobierno con un apoyo de 179 votos favorables contra 171 de la derecha y la ultra derecha nostálgica, que antes y después de la votación en el congreso, sostuvo masivas movilizaciones contra el acuerdo entre el gobierno central y los líderes de independentistas catalanes para promover una ley de amnistía que los libere de cárcel y procesos judiciales pos su levantamiento secesionista de 2017.

Para poder analizar el escenario abierto tras meses de frustrados intentos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de lograr los votos que lo habilitaran a formar gobierno y, por el contrario las efectivas negociaciones de Pedro Sánchez, Tiempo dialogó con el politólogo español Jaime Pastor Verdú, a su vez miembro del comité de redacción de Viento Sur, prestigiosa revista de la izquierda española.

–¿Que análisis hacés de este nuevo escenario político con la conformación del tercer gobierno de Pedro Sánchez?

–Con los acuerdos sobre la amnistía y la votación posterior investidura se ha puesto en primer plano el eje de conflicto nacional territorial. En función del pacto acordado con Junts, el proyecto de ley se va a presentar en el Parlamento antes de navidades. Aunque luego el proceso de aprobación va a tardar, lo que aparece es una radicalización del bloque de derechas mayoritariamente con los partidarios del PP, pero con la agenda de la ultraderecha que representa VOX. Para las derechas el pacto es una idea peri-constitucional (que está por encima de la propia Constitución) como si significara una ruptura de la unidad de España. En una suerte de magnificación de los acuerdos, algo que no es cierto, ya que si bien ha habido concesiones por parte del PSOE, no ha existido ningún compromiso por parte del gobierno en funciones de reconocer el derecho de autodeterminación ni un acuerdo sobre un referéndum para Cataluña. Esta magnificación de derechas tiene como objetivo cuestionar la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez y del nuevo gobierno.

–La cuestión social queda en un segundo plano.

–Sí, se ha priorizado el eje territorial que permitiera los acuerdos. Las dos fuerzas aliadas al nuevo gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y Junts de Cataluña, son fuerzas del terreno socio económico de derechas. O sea de acuerdo sobre el conflicto social o de clase. La necesidad de las izquierdas de encontrar una resolución democrática de la cuestión nacional, en este contexto la ley de Amnistía, permite anular toda una serie de medidas y políticas represivas que se aplicaron en Cataluña, sólo por ejercer el derecho al voto en un referéndum. El gran desafío de las izquierdas es saber articular el reconocimiento del derecho democrático de Cataluña y otros pueblos a decidir su futuro, con una política social anti-neoliberal. Todavía es muy débil el movimiento popular y el papel de los sindicatos fuera del País Vasco, para presionar al nuevo gobierno hacia una política  social más audaz, la que tuvo en la anterior Legislatura en coalición con Podemos.

–¿En qué se diferencia de las anteriores esta tercera investidura de Sánchez?

–Aunque parezca paradójico, hay todo un sector de las derechas españolas a las que les preocupa más la cuestión nacional y territorial que la cuestión social. Es cierto que tampoco son tan audaces las políticas sociales que plantea este nuevo gobierno. El eje territorial ocupa un lugar más conflictivo por el papel que juega en el imaginario españolista de derechas: es el peligro falso de la unidad de España.

–¿Cuál fue el eje discursivo de Pedro Sánchez?

–En su discurso explicitó que «las circunstancias son lo que son y hay que hacer de la necesidad virtud». Fue más un discurso de oposición al bloque de derechas que un discurso en positivo, defendiendo una política alternativa. Busca el equilibrio para no molestar a los aliados de Junts y sobre todo jugar con el miedo a un gobierno de derechas. O sea, descalifica el discurso de Feijóo, el discurso de VOX y muestra que el PP está en manos de la ultraderecha, y él se erige en una suerte de salvador de una mayoría de españoles. Pero su discurso fue muy poco concreto en políticas sociales. Apenas describió avances en políticas feministas de políticas ecologistas, dentro de lo que podríamos llamar un capitalismo verde. Y condenó las políticas de venganza del gobierno Israelí en Palestina pero sin prometer una presión para impedir la matanza de civiles, culminar en una posible ruptura o suspensión de relaciones.

–¿Se evidencian las diferencias entre el PP y Vox?

–La extrema derecha afirmó que iba a presentar en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, una propuesta de ilegalización tanto de Ezquerra Republicana y de Junts: lo que busca es emplazar al PP a votarlo, cosa que no ocurrirá. Para el PP, votar a favor de esa propuesta rupturista sería dar un paso adelante que le restaría apoyos tanto en Cataluña como en el País Vasco. En su discurso extremo, los de Vox, llegaron a citar a Hitler como el socialista que subió al poder con el voto democrático, como Pedro Sánchez. Y calificaron al gobierno del PSOE no sólo de ilegítimo sino de ilegal.

–¿Cuáles son los desafíos en esta legislatura sobre los temas pendientes del anterior gobierno socialista?

–Comparando la situación española respecto del entorno europeo, no es tan grave. Si bien hay malestar porque la inflación, aunque más baja que en otros países europeos, afecta principalmente a los precios de los alimentos básicos. El gobierno debe adoptar medidas para el control de los precios. También incrementar el ingreso mínimo vital de los sectores más empobrecidos.

–Un tema fundamental a abordar es el de la vivienda.

–Según datos recientes, el 17% de la población española, tras pagar vivienda, sólo le queda dinero equivalente a una condición de pobreza. El  PSOE ha prometido la planificación y construcción de viviendas sociales. Pero está claro que eso no solucionará el problema al corto plazo. Es el gran reto junto a los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. El control de los alquileres en ciudades turísticas depende esencialmente de los Ayuntamientos, no sólo se da en ciudades turísticas de veraneo, sino en grandes ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona, San Sebastián o Sevilla.

–Otro tema es la Reforma Laboral.

–Claro, en un universo donde perviven despidos baratos para la patronal al no haberse derogado la Reforma Laboral en la anterior legislatura. Entre las promesas está el necesario mejoramiento de pensiones ligadas al índice inflacionario. En materia fiscal no ha prometido medidas audaces, aunque le dará continuidad a determinados impuestos que gravan a las grandes fortunas, pero con una política fiscal muy tímida. No olvidemos que la Unión Europea está preparando una política fiscal de ajuste para el 2024, que no va a ser tan rígida como la que se aplicó con la crisis del 2008. Pero que evidentemente va a ejercer una presión. Por lo tanto se prevé un crecimiento del malestar. Lo contradictorio es que las directivas de la UE permiten una mayor flexibilidad en el gasto militar.

–La crisis política emergió con la victoria de las derechas en las municipales, pero el PSOE revirtió la situación.

–Este gobierno efectivamente es con un PSOE más fortalecido y con un aliado que es Sumar, que es más moderado que Podemos. La capacidad de presión del Sumar dentro del gobierno va a ser limitada: tienen ministerios de segundo orden. Ni Economía, ni Hacienda, ni Política Exterior, ni Interior. Aunque con aliados como el Partido Nacionalista Vasco y Junts, los temas sociales y relacionados al trabajo se sensibilizan. Y hay que agregar que el próximo año tendremos elecciones en Galicia y el País Vasco, la tensión bipolar va a seguir existiendo. También habrá elecciones en el Parlamento Europeo en junio: una nueva oportunidad para que se midan los bloques de Izquierdas y Derechas.