Japón reforma el delito de violación y eleva la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años

Japón elevó este viernes la edad de consentimiento sexual desde los 13 años, una de las más bajas del mundo, a los 16 años con la aprobación de una serie de reformas a la legislación de crímenes sexuales, que incluyeron la actualización del delito de abuso sexual. Desde 1907 Japón tenía establecida en 13 años la edad a partir de la que se consideraba legalmente que un niño o una niña estaba facultado para dar consentimiento a una relación sexual.

Con el cambio aprobado este viernes en el Parlamento, la nación oriental se ubica en la línea de países como Reino Unido o España, que también establecen el consentimiento a los 16 años, y por encima de otros como Francia (15 años) o Alemania y China (14 años), según consignó la agencia de noticias AFP. Aun así, la reforma establece una excepción para las parejas adolescentes con una diferencia máxima de edad de cinco años, a quienes no se perseguirá si los dos miembros tienen más de 13 años.

Nueva ley en Japón

La nueva ley también aclara los requisitos para una condena por violación, después de una serie de controvertidas absoluciones en 2019 que provocaron protestas a nivel nacional. Con la legislación anterior, la acusación debía demostrar que las víctimas estaban incapacitadas debido a la violencia o la intimidación. Para los críticos, esta exigencia «culpaba en la práctica a las víctimas por no haberse resistido lo suficiente», indicó AFP.

La nueva ley enumera una serie de ejemplos que pueden constituir un delito de violación, como el hecho de que la víctima esté bajo la influencia de las drogas o el alcohol, que esté asustada o que el autor tome ventaja de su estatus social. El aumento de la edad mínima de consentimiento «enviará un mensaje a la sociedad de que la violencia sexual contra los menores por parte de adultos es inaceptable», declaró la ONG japonesa Human Rights Now en un comunicado.

La última vez que Japón había revisado su ley de delitos sexuales fue en 2017 y fue la primera modificación de ese texto en más de un siglo, pero muchos activistas la consideraron insuficiente.