La decisión del Estado nipón, que debía caducar el martes próximo, se sostuvo debido al crecimiento de casos positivos, que durante la última semana alcanzó un promedio de 5.300 contagios.

Ya la semana pasada los trabajadores sanitarios de ese país se mostraron en contra de la decisión de la organización de los Juegos de asignar a unos 10.000 profesionales sanitarios a la Villa Olímpica y las sedes de las competiciones. Aseguraron entonces que el sector «se encuentra bajo enorme presión por la cuarta ola de contagios en Japón», según destacó en su momento el diario Mundo Deportivo.
El estado de emergencia en Japón implica el cierre temporal de bares y restaurantes; la prohibición de vender alcohol, y el pedido a algunos comercios, como las grandes tiendas, a bajar las persianas. Los acontecimientos deportivos, de momento, se celebran a puerta cerrada. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están previstos del 23 de julio al 8 de agosto y los organizadores ya anunciaron que no se permitirá la asistencia de espectadores extranjeros. La decisión sobre el público local en las sedes de cada disciplina fue aplazada para una fecha todavía indeterminada, más cercana a la inauguración.
La organización de la cita olímpica configura un tema de permanente debate y polémica en la sociedad japonesa: todas las encuestas realizadas en los últimos meses arrojan que la mayoría de los ciudadanos se oponen a su realización por el riesgo sanitario que conlleva y piden su postergación o cancelación definitiva. Más de 200.000 personas ya firmaron una petición lanzada esta semana en internet con el lema «Anulen los Juegos Olímpicos para proteger nuestras vidas».
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