Joaquín Carvalho: «Hay un divorcio de la base social del gobierno con el propio gobierno»

Joaquín Carvalho es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y conduce la federación que representa a casi 2 millones de estudiantes de nivel superior en todo el país hace poco más de un año.

Carvalho tiene 28 años y llegó a la conducción de la Federación Universitaria Argentina (FUA) de la mano del Frente Reformista, liderado por el brazo estudiantil del radicalismo, la Franja Morada, e integrada por otras agrupaciones vinculadas al peronismo e independientes.

Cree que no hay conflicto de intereses entre estudiantes y docentes porque la responsabilidad de la crisis es del gobierno nacional. Identifica una ruptura de Javier Milei con su base social.

La palabra de Joaquín Carvalho

–¿Qué expectativa tienen con la marcha?

– La comunidad universitaria ha acompañado incondicionalmente en estos dos años y eso nos genera mucha expectativa pero también tenemos mucha expectativa en la sociedad. Venimos viendo que de un tiempo para acá hay pocas causas que aglutinen tanto como la defensa de la universidad pública. Ya ha entrado el 2026 casi a la mitad vemos un descontento muy grande de toda la sociedad.

Entonces, pensamos que no solo va a ser una marcha por la universidad pública, sino con un condimento en defensa de la democracia. También va a ser un catalizador de mucha bronca que hay por parte de la sociedad. Por eso, lógicamente entendemos que mucha gente va a acercarse y apostamos a eso.

–En los conflictos universitarios, sobre todo los que son por salario docente, muchas veces aparece el viejo refrán de que ‘el derecho de uno termina donde empieza el del otro’. ¿Hay un conflicto de intereses entre el derecho a huelga de los docentes y el acceso a la educación de los estudiantes? ¿Cómo manejan ese tema?

– Por supuesto que hay una tensión entre muchas comillas. Nosotros somos representantes estudiantiles y para nosotros, en un contexto como el de Argentina, que un estudiante pueda ir a cursar significa el progreso y la posibilidad de avanzar en la carrera. Pero nosotros tenemos muy claro es quién es el responsable de que la universidad esté imposibilitada de cumplir su función al 100%. Se lo atribuimos al gobierno nacional. No hacemos responsables a los gremios docentes y no docentes.

– ¿Por qué a diferencia de lo que fue todo el proceso entre abril y octubre de 2024 en esta oportunidad no hubo tomas y ocupaciones de facultades?

– Ni bien arrancado el 2026 pusimos como horizonte esta movilización que se va a dar el martes. Para nosotros de entrada fue lo importante. La movilización es el punto más álgido del conflicto. Pensamos que es la herramienta más importante de visibilización porque el conflicto no lo tenemos en las universidades.

Por supuesto, hay estrategias distintas y nosotros las conversamos y las discutimos. Nosotros incluso en ese momento entendíamos y entendemos que la mejor manera de visibilizar el conflicto es con la sociedad y sacando la universidad afuera.

–¿Qué opinión tuvieron ustedes de movida y ahora sobre este intento del gobierno de presentar un proyecto alternativo de financiamiento?

-No nos sorprendió. Lo entendemos como un artilugio legal, como las presentaciones judiciales que también hizo el gobierno, de intentar desarticular una ley que seguramente haya pocas tan legítimas. La presentamos en 2024 y la ley fue aprobada en diputados y después en el Senado y fue vetada y cuando quisimos insistir no logramos esa mayoría calificada.

En 2025 volvimos a insistir con la ley mejorándola y esa ley no solo fue aprobada en Diputados y en Senadores, sino que cuando el presidente la vetó fue ratificada en Diputados y en Senadores con mayoría calificada. Con un congreso un poco más favorable a sus intereses el gobierno intentó realizar esa modificatoria, pero se encontró no solo con que no había una posibilidad de modificarla en el congreso sino también en su legitimidad. Hay una sociedad respalda la ley original.

–Fomás parte de esta generación que, en gran parte por frustraciones y fracasos de experiencias políticas anteriores terminaron abrazando las ideas “libertarias” y votando a este gobierno. ¿Cómo manejan ustedes este conflicto y esa discusión política?

-No creo, particularmente, que en general la base de apoyo político del gobierno sea solo y mayoritariamente la juventud. No lo termina de explicar. Siempre cuando hay un gobierno viene de otra lógica, otra construcción, siempre se le termina atribuyendo a las juventudes esa base de apoyo.

Por supuesto que un gobierno que gana con un nivel alto de legitimidad, como lo hizo el gobierno nacional en 2023, tiene en la juventud una representación muy grande. Tenemos un montón de estudiantes que incluso habiendo acompañado la propuesta política de Milei estaban y están en desacuerdo con su postura frente a las universidades nacionales.

La explicación es bastante simple: nadie se tira un tiro en el pie. La universidad pública es la que le permite a los jóvenes decidir qué futuro profesional tener. Además hay un divorcio de la base social del gobierno con el propio gobierno. Lleva dos años en el poder y no ha cumplido casi con ninguno de los preceptos diferentes que decía traer con respecto a los gobiernos anteriores.

Además de eso, vemos con preocupación los casos de corrupción de gobierno. El último es de ni más ni menos que el jefe de gabinete que está investigado por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Eso genera eh una ruptura de ese contrato social que el electorado había firmado con Milei.

-¿Qué pasa si la movilización es masiva, como se espera, canaliza otros conflictos, otras broncas y el gobierno no acusa recibo y no cumple?

-Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos día a día. ¿Qué más puede hacer? Insistir por las vías legales lo hemos hecho, se elaboró una ley que fue  aprobada en el Congreso y la justicia nos dio la razón. Esa decisión ahora la tiene la Corte Suprema de Justicia. Nuestra estrategia es particularmente política, de movilización.

Estamos muy enfocados en tratar de conseguir una movilización que sea grande y que también catalice toda esta conflictividad que venimos viendo en el último tiempo en la Argentina. Apostamos a que el gobierno acuse recibo.

Una movilización muy grande debería obligar al gobierno a sentarse, a escuchar y a entender qué es lo que está pasando con la Universidad Nacional y resolver un conflicto que para el gobierno es ínfimo.