Jorge Rizzo: «La Constitución dice claramente cómo se debe gobernar y no es así»

Jorge Rizzo fue presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También fue abogado de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Fayt y Ricardo Lorenzetti. Humanizó un organismo que históricamente respondió a lo que el presidente Javier Milei podría perfectamente llamar «la casta», en este caso de los abogados. Hoy es integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su mirada de la realidad jurídica es una referencia inevitable a la hora del análisis.

En diálogo con Tiempo, reconoció que el fenómeno de los cacerolazos después de la cadena nacional de Milei el miércoles pasado fue un hecho inédito. «La gente salió a la calle y caceroleó. Esto no lo veíamos desde 2001. Es el caceroleo más rápido que tuvo un presidente en democracia».

–¿Qué significa el caceroleo?

–Un mensaje al gobierno: no se procede así. A la mañana vimos a las fuerzas de seguridad subiéndose a los trenes y los colectivos para filmar a la gente y pedirle documentos. Por la tarde intervino Gendarmería para neutralizar una protesta en la que no tenía ninguna injerencia, porque es una fuerza federal y la manifestación ocurría en las calles de la Capital Federal. Y por la noche amordazó al Congreso. Eso es Estado de Sitio, intervención federal y silenciamiento del Congreso. La Constitución dice claramente cómo se gobierna. Y no es así.

–¿El DNU que anunció Milei es inconstitucional?

–La Corte tiene resuelto que los DNU son para casos puntuales. Es una herramienta excepcionalísima cuando el Congreso no puede funcionar, por ejemplo como consecuencia de un terremoto. El presidente no está para dictar las leyes sino para hacer que sean cumplidas, ejecutadas. Y este presidente derogó, manu militari, como  300 leyes. Esto ya lo vivimos durante el menemismo. Más allá del acierto o no que tenga lo que hizo Milei, a poco de escucharlo se nota la ilegalidad. Hay medidas que no tienen ninguna urgencia. ¿Qué necesidad había para implantar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) sin que eso pase por Congreso? Y lo dice alguien que está a favor de que, si los clubes quieren, se conviertan en sociedades anónimas.

–El gobierno argumenta que el cambio que propone tiene que ser drástico y desde el vamos.

–Pero el DNU carece de fundamentación y motivación, como dice la ley que debe suceder en cualquier acto administrativo. Un decreto es el acto administrativo por excelencia. En este no hay dictámenes jurídicos de los ministerios involucrados. Es llamativo lo que hicieron. Para mí, es inconstitucional de cabo a rabo. El gobierno hizo lo que la constitución trata de evitar que hagan los gobiernos.

–¿La solución es política o judicial?

–Jamás la Comisión Bicameral y luego ambas cámaras rechazaron un DNU. Ello ocurre por la extrema laxitud de la Ley 26.122 (Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia y delegación legislativa, ndr). Además, el Congreso no tiene plazos para pronunciarse, lo cual es un error grave. Y la ley establece que con que lo apruebe cualquiera de los dos Cámaras, el DNU es válido. Para colmo de males, mientras las Cámaras no se expidan el decreto está vigente. Y podría pasar (ya ha pasado) que el Congreso no se expida nunca. Entonces no hay más remedio que apelar al Poder Judicial.

–¿Quién podría, con alguna posibilidad de éxito, reclamar ante la Justicia contra el DNU?

–Podría hacerlo cualquier persona que se sienta afectada por el decreto. Seguramente vamos a encontrar algunos mamarrachos y otras presentaciones bien fundamentadas a partir de la semana que viene. Hay que hacerlo de tal manera que los jueces no puedan rechazarlo. De hecho, nuestra asociación civil, Gente de Derecho, está preparando una presentación para los próximos días. Pero estamos en manos de un Poder Judicial al que siempre miramos con recelo.

–¿Podría la Corte Suprema intervenir desde el vamos?

–La Corte podría intervenir como instancia única. Los DNU son una normativa que impuso Carlos Menem en la reforma de la Constitución de 1994 para hacer lo que se le antojara y que después el kirchnerismo perfeccionó –y también se equivocó– con la muy mala ley 26.122. No entendieron que no hay que gobernar para unos sino para todos.

–¿Por qué la Corte intervendría como tribunal de competencia originaria, como instancia única?

–En principio no podría, a menos que alguna provincia impulsara una demanda contra el DNU. La otra alternativa (además del per saltum, una vez que haya un fallo de primera instancia) sería la figura de la «avocación», que se utilizó por gravedad institucional en tiempos del corralito.

–¿Cómo imagina a Milei en estos días?

–El presidente tiene que poner las barbas en remojo porque la gente no quiere esto. Asistimos al caceroleo más rápido que ha tenido un presidente en democracia. Yo, si fuera presidente, prestaría mucha atención. No se puede gobernar como autistas. El presidente debe entender, haciendo un juego sintáctico con su apellido, que no es «mi ley»; es «la ley».

–¿Considera que la aplicación del «protocolo Bullrich» fue exitosa en la marcha del miércoles?

–Ahí hay un problema de fondo que ya fue resuelto por la Corte Suprema. El máximo tribunal ya decidió que la ciudad es asimilable a una provincia. Yo no estoy de acuerdo con eso, desde siempre, pero la autoridad es la Corte; no comparto, pero acato. Entonces, bajo esa consigna de la cabeza del Poder Judicial, está claro que no se puede entrar a una provincia sin una ley que decrete la intervención federal. La intervención de fuerzas federales en una marcha que transcurrió en la Capital Federal es casi una declaración de guerra. De hecho, el ministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz, manifestó que la Ciudad no pidió auxilio a la Nación para que mandara a la Gendarmería.

–El gobierno sostiene que está haciendo lo que prometió en campaña y fue votado por casi el 56% de los argentinos.

–Un 56% que votó con el corazón pero sin la cabeza. ¿Hubiera sido distinto con Sergio Massa? No lo sé, también tengo mis dudas sobre qué habría hecho Massa como presidente. Pero en la conformación del voto a Milei primó la bronca al peronismo. Y eso no es bueno para la gobernanza de un país.

–El Colegio Público de Abogados, hoy encabezado por Ricardo Gil Lavedra, emitió un documento crítico contra el DNU.

–Nosotros no tenemos nada que ver con Gil Lavedra. Dicho esto, estamos de acuerdo con lo que expresa el documento. Sin embargo, debo advertir que en la coalición gobernante en el Colegio hay varios integrantes que apoyan y forman parte de los cuadros de Milei. Juan Curutchet es director del Banco Central y representante por el Colegio en el Ente de Reincidencia, con percepción de honorarios. Agustín Pesce, exsecretario letrado hasta hace unos días de una consejera en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, también es representante ante el Ente de Reincidencia con honorarios. Varios «socios» del Gobierno provienen del PRO. Pablo Clusellas tiene una relación de toda la vida con el ex presidente Mauricio Macri y también al igual que Pesce está en el Consejo Directivo. La conducción del Colegio y en particular quienes están en el Gobierno debía saber y conocer que esto iba a suceder. No es creíble su sorpresa ni su “honda preocupación”.