Para evitar litigiosidad, el defensor de la tercera edad juntó cientos de casos para que se vuelva a calcular el haber como hasta el año pasado.
El amparo contra el decreto 163 -que hizo cambios a la norma que fija el mecanismo de movilidad para las jubilaciones- apunta a que «se pague directamente la diferencia entre lo acordado por el decreto y lo generado por la ley», explicó Semino.
«Nos presentamos esta mañana ante la Justicia y la causa ya salió sorteada en el juzgado número 9, a cargo de la jueza subrogante Silvia Saino», precisó.
La presentación judicial contó con el patrocinio letrado de los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Troccoli.
«Es un amparo con un pedido de medida cautelar, para que se reajuste conforme al guarismo que había arrojado la ley de movilidad; es para todos los afectados, salvo para los que cobran la mínima, que con los cambios tienen un incremento», explicó Semino.
Indicó que el objetivo pasa por «no afectar la progresividad de los adultos mayores» porque se «vulneran garantías consagradas en la Constitución Nacional, como los artículos 14 bis y el 75, que incorpora el pacto de San José de Costa Rica».
El Defensor de la Tercera Edad también consideró que el decreto, ahora cuestionado judicialmente, «se choca contra lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que rechaza todo criterio de regresividad».
«El fin es simplemente evitar la litigiosidad del sistema. Nosotros históricamente hicimos presentaciones por estos casos, como fue con el fallo Badaro, el empalme de 2017 y otros. Esto no quiere decir que el jubilado que quiera demandar de manera individual no pueda hacerlo. Pretendemos simplemente que no se afecten a los jubilados, ni al Poder Judicial ni tampoco al Estado», expresó.
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