Este martes se vuelve a reunir el máximo tribunal del país, que hace más de un mes trata el per sáltum pedido por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pretenden evitar una votación cerrada.

El encuentro de los cincos ministros es parte de la agenda habitual de la Corte, que viene reuniéndose de manera virtual para resolver las cuestiones jurídicas y administrativas cada martes y jueves a las 11.
Si bien los expedientes de Bertuzzi, Bruglia y Castelli están en el primer lugar de la agenda institucional del máximo tribunal, no hay garantías de que mañana se vaya a definir si los jueces estuvieron bien trasladados ya que subyacen diferencias entre los ministros en cuanto a la solución y los argumentos.
Para poder emitir un fallo, la decisión tiene que estar refrendada por una mayoría de tres miembros, aunque no coincidan en los argumentos.
Según trascendió, la pretensión del tribunal es que este expediente, que concitó la mayor atención social y mediática de los últimos meses, salga con algo más de un mayoría reglamentaria para dar hacia afuera una señal de cohesión interna.
En este sentido, deben remontar la iniciativa del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien a fines de septiembre, en uso de sus facultades, convocó de manera unilateral a un «acuerdo extraordinario» para resolver si aceptaban el pedido de «per saltum» de los jueces, algo que finalmente ocurrió.
A la búsqueda de una postura interna común, se suma la inusual demora para resolver el recurso de los jueces y el vencimiento, justamente mañana, de la «licencia extraordinaria» que la Corte otorgó a Bertuzzi, Bruglia y Castelli, por 30 días y con goce de haberes.
Si por alguna razón la Corte no extendiera la licencia de los tres jueces, deberían volver a sus tribunales de origen, precisamente lo que vienen tratando de evitar con los varios recursos que presentaron a la justicia y con la búsqueda de apoyo público y político con sus apariciones en los medios de comunicación.
En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fallos que involucran conflictos de poderes, la Corte suele buscar decisiones de «equilibrio» que concedan parte de razón o beneficio a todos los actores y sobre todo que no incrementen las tensiones en el sistema institucional.
Los letrados de la Corte están buscando posturas «salomónicas» que preserven la autonomía del Poder Judicial sin por ello desautorizar al Ejecutivo ni al Legislativo, aún cuando si se confirma o se niega la suspensión de los traslados, esto se leerá en términos políticos como un triunfo o fracaso para el oficialismo o la oposición.
El único voto que está claro por ahora es el del propio Rosenkrantz que motorizó la intervención del tribunal en la certeza de que avalar la suspensión de la movilidad de los jueces implicaría una «revisión» mucho más amplia del instituto del traslado de magistrado y que eso pondría en cuestión la «estabilidad» que les otorga la Constitución.
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