El jefe de gobierno porteño habló de un "atropello institucional", mientras que la vocera presidencial dijo que "son más papistas que el Papa".

«Están encaprichados en defender a los jueces de la Corte. Los legisladores terminan siendo más papistas que el Papa. Son la mano de obra que se inmola por defender a jueces que trabajan para defender a los poderosos de este país», dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió con que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia constituye un «atropello institucional» y afirmó que durante el reciente encuentro que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri en la Patagonia coincidieron en «la enorme preocupación» que comparten «por la situación de Argentina».
«El juicio político es un atropello institucional. Es una barbaridad y una muestra más de la vocación del kirchnerismo de llevarse puesta la justicia y controlarla. La buena noticia es que no lo van a lograr. Tenemos la cantidad de diputados necesarios para frenar este atropello», afirmó Rodríguez Larreta desde el Centro de Desarrollo Infantil «Rayito de Sol», ubicado en el Barrio Olímpico (Villa Soldati).
«Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que hay un incumplimiento por parte del Presidente de la Nación de un fallo de la Corte», advirtió, y anticipó que van a presentar un informe ante la justicia dando cuenta de «que no se está cumpliendo el fallo desde fin de diciembre».
Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados expondrán hoy ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Será la segunda reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, para tratar los 14 expedientes presentados en la Cámara de Diputados que contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal, y que será clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
Como sucedió en la reunión celebrada el jueves pasado, el oficialismo deberá reunir número reglamentario -es decir tener la presencia de 16 miembros- para habilitar la deliberación debido a que Juntos por el Cambio decidió boicotear la actividad parlamentaria, hasta que el oficialismo desista de promover el juicio a los miembros del tribunal.
En la reunión que comenzará a las 11, expondrán por la Asociación Argentina de Juristas Claudia Rocca y por la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales (Exigir) Federico Méndez.
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