Juicio Brigadas: “Me robaron gran parte de mi vida”, aseguró una sobreviviente del Pozo de Banfield

El debate oral en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Banfield, Quilmes y Lanús durante la última dictadura cívico-militar, conocido como Juicio Brigadas, continuó este martes con los testimonios de Isabel Ibarra, sobreviviente del Pozo de Banfield, Pablo Estévez, familiar de detenidos desaparecidos, y dos testigos de contexto, Ana Solari Paz y Cristian Prieto Carrasco, quienes expusieron sobre la persecución y criminalización de la comunidad LGBTQ.

Isabel Ibarra, nacida en Paraguay y sobreviviente del Pozo de Banfield, fue la primera en declarar. Contó que fue secuestrada el 13 de mayo de 1975 en su casa de la zona de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se encontraba con sus dos hijos de 6 y 7 años y una empleada. “Cayó una cantidad de gente -todos hombres-, revisaron la casa y luego nos sacaron en un auto sin chapa. Apenas nos subimos al auto, un hombre grande puso su mano en mi cuello. Nos pusieron la venda en los ojos y nos iban interrogando”, recordó.

“No sabíamos a dónde nos llevaban. Llegamos a la hora del amanecer, nos bajaron a mi hermana y a mí y nos llevaron a un pequeño cuarto: a mi hermana la empujaron en un catre y a mi en una silla. Y empezaron con el interrogatorio. Yo la oía gritar y era que le estaban poniendo la picana y después a mí. Me golpeaban tanto“, aseguró ante el Tribunal.

Aseguró que con el tiempo supo que había estado en el Pozo de Banfield. “No sé por qué nos llevaron porque nunca nos dijeron”, admitió la mujer. Estuvieron tres meses en el centro clandestino de detención y exterminio, mientras su familia “preguntaba por todos lados” por ellas. Tenían 38 y 33 años. Fue trasladada a Olmos y Devoto pero finalmente se exilió en Suecia. “Me robaron gran parte de mi vida”, lamentó.

El rol de la Policía

Ana Solari Paz, testigo de contexto, hizo un breve repaso sobre su trayectoria y puntualizó sobre su investigación en torno a las prácticas policiales de persecución, vigilancia y control hacia las diferencias sexo-genéricas. “Como fuente utilizo el archivo de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, aclaró, y mencionó que también usa documentación policial de Prefectura, documentación policial cedida por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y documentación judicial del archivo histórico de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. “Contiene material doctrinario que hace que yo pueda hacer un seguimiento de la criminalización y de las prácticas de control y vigilancia sobre las disidencias desde fines del Siglo XIX hasta fines del Siglo XX”, puntualizó.

Habló de “la misión de la Policía que tiene que ver con el mantenimiento del orden social, que incluye el orden público y las buenas costumbres en la calle y dentro de la institución policial”. “En ese perfil del sujeto policial se ve que tiene estereotipos de una construcción de la masculinidad”, explicó, y mencionó que se puede percibir en documentación y en convenios policiales nacionales que “mantienen un lineamiento”. Hablan de “la salud moral” y la “lucha por preservación de la moralidad pública”.

También tomó un legajo que habla del “nuevo código de faltas” y leyó que “contra la moralidad pública y las buenas costumbres se penaba al homosexual que se ofreciere públicamente”. “Lo que veo es que la violencia aplicada fue fluctuante, por eso leí esto del aumento de la criminalidad en los años 60 y 70”, explicó. “Se aplicó una violencia extrema y una maquinaria de terror”, manifestó.

En otro tramo, explicó que los informes hablan de policía de civil para “mimetizarse” con la gente y realizar los trabajos de inteligencia. También hizo foco en un “operativo” por la “moralidad”, que habla de persecución a quienes ejercían la prostitución y “visitar” los lugares a los que acudían las personas de “dudosa moralidad”. De hecho, mostró un informe en el que la propia Policía da cuenta de la detención de una persona por “homosexualidad”.

Desaparecidos de la comunidad LGBTIQ

Cristian Prieto Carrasco fue el último testigo (también de contexto) de la audiencia 100 del Juicio Brigadas. Hizo hincapié, en sintonía con lo expuesto por la testigo anterior, sobre la criminalización y persecución a la comunidad LGBTIQ. Habló de una saña especial contra los varones homosexuales y mencionó que el término que englobaba a todos era “amoral sexual”.

“No hay faltantes de puentes para dar cuenta de esta persecución”, aseguró, y mencionó como ejemplo el testimonio de Valeria del Mar Ramírez. “No podemos usar la misma mirada sino que hay que tener una mirada particular porque sino claramente vamos a seguir siendo invisibilizados e invisibilizadas”, consideró.

En ese marco, sostuvo que “las investigaciones en estos 10 años son muchas” y mencionó como “una de las puertas de visibilización en las marchas” el número 30.400, en alusión a los detenidos desaparecidos de la comunidad LGBTIQ. “Ese número 400 es del cual nos agarramos para seguir visibilizando”, reiteró.

Durante su testimonio, mencionó las dificultades que hay para acceder a la información sobre las víctimas del colectivo porque no son familiares y bregó por la búsqueda de un nuevo camino para poder tener información certera sobre el impacto de la dictadura cívico-militar. “Me parece importante la apertura de archivos para poder dar cuenta de esta persecución que muchos venimos investigando desde hace muchísimo tiempo”, señaló.