El rol de la policía porteña, la más nueva del país, se expone en las audiencias orales, en el tramo final del proceso. Cómo le plantaron el arma a las víctimas.

A tres meses del inicio del juicio por el joven Lucas González, asesinado a balazos en noviembre de 2021 por una patota policial de la Brigada de la Comuna 4, cuáles son las claves del caso que pone sobre las cuerdas a 14 agentes de la Policía de la Ciudad.
Según se pudo reconstruir en las audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 de CABA, en la mañana del 17 de noviembre, Lucas volvía de entrenar junto a tres amigos de las inferiores de Barracas Central (Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca), en un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados a la altura de Iriarte y Vélez Sarsfield por un Nissan Tiida sin patente en el que viajaban tres agentes de la Brigada 6 que abrieron fuego contra los chicos.
«Pensé que era un robo, un asalto, porque no se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sólo se escuchó cuando el auto interceptó al otro y después los tiros». Así lo describió Nicolás Connell Farrel, un circunstancial testigo que pasaba por allí, ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero. La versión coincide con la de la querella, representada por el abogado Gregorio Dalbón: que los chicos pensaron que se trataba de delincuentes; y se contrapone con la hipótesis de la patota que mantiene que hubo un enfrentamiento armado con las víctimas y actuaron en legítima defensa.
De la autopsia se desprende que Lucas recibió un balazo en la cabeza y tenía en su mano derecha una quemadura similar a las marcas que deja un cigarrillo, por lo que la querella cree que fue torturado momentos antes de morir.
Una de las mayores incógnitas que tenía el caso era cómo se había plantado un arma, que no funcionaba, en el auto de las víctimas. Hace dos semanas, Héctor Claudio Cuevas, uno de los 14 policías detenidos, pidió declarar. Precisó cómo dos compañeros fueron en moto a buscar esa pistola a la comisaría vecinal 4D y por orden del subcomisario Roberto Inca fue puesta en el vehículo. Tras esta revelación, cayó detenido otro uniformado que no estaba entre los involucrados, Facundo «Cachorro» Torres.
Esta semana, Dalbón pidió en su alegato que se condene a prisión perpetua a los tres policías de la Brigada: Gabriel Issasi, Fabián López y Juan José Nieva por «homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial» de Lucas y la «tentativa de homicidio agravado» de sus amigos. Para el resto de los acusados solicitó penas que van de los tres años y medio hasta los 30 años de prisión «por haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y haber alterado rastros, pruebas e instrumentos» y «privación ilegal de la libertad doblemente agravada», entre otros.
«Ustedes van a desbaratar a la mafia de la policía de la Ciudad. Estamos ante un juicio de racismo, de violencia institucional», les reclamó Dalbón a los jueces.
Marcelo D’Alessandro era ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad en el momento del asesinato de Lucas. Días atrás habló el exfuncionario, implicado también en la causa de Lago Escondido. Sostuvo que no tuvo responsabilidad «operativa» en los hechos porque sólo era el «jefe político» de la policía. Consideró que los efectivos cometieron «irregularidades graves» en un «caso gravísimo», aunque luego defendió a la fuerza que comandó: «No es toda la institución policial». En el juicio se probó la complicidad entre policías, por ejemplo para ir del lugar del hecho a la comisaría a buscar algo. A la vuelta plantaron el arma en el auto de los jóvenes.
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