El juicio que desnudará el rol clave de la SIDE durante el terrorismo de Estado

Mientras se suceden las repercusiones, las críticas, los pedidos de informe y denuncias contra el DNU 941/2025 –a través del cual el gobierno de Javier Milei dispuso otorgarle a la SIDE atribuciones para detener personas y llevar a cabo todas sus tares de forma encubierta–, en la Justicia Federal se realizará desde el 13 de febrero un juicio de lesa humanidad sobre crímenes cometidos por agentes de inteligencia de la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención de Automotores Orletti y Pomar. Ambos ubicados en la Capital Federal y donde actuaba la banda capitaneada por Aníbal Gordon.

Se trata de un proceso oral y público que estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico. Analizarán 88 casos de torturas, privación ilegítima de la libertad y hechos de sustracción de menores por los que se encuentran imputados César Albarrcín, un civil exintegrante de la inteligencia del Ejército; Rubén Héctor Escobar; Patricio Miguel Finnen y Julio César Casanova Ferro, que pertenecieron a la SIDE en los tiempos del terrorismo de Estado.

Orletti era el centro clandestino de detención al cual eran conducidos mayormente detenidos ciudadanos de países limítrofes en el marco del denominado Plan Cóndor, la coordinadora represiva de las dictaduras del Cono Sur. Pero a fines de 1976, el lugar debió desmontarse por la fuga de una pareja. Se montó otro chupadero, ubicado en la calle Pomar 4171/73, en el barrio de Pompeya, donde había instalado un teléfono: 922-4997.

En el lugar iba a establecerse un depósito de frutas, según le dijo un sujeto llamado Juan José Dillon a Abraham Lewandowsky, dueño del lugar.

Ese dato lo pudo establecer la instrucción seguida por el juzgado federal de Daniel Rafecas, a partir de un análisis de un sumario administrativo de la Brigada Aerotransportada de Córdoba, en el que se da cuenta de ese lugar. Allí estuvo secuestrado Pedro León Zavalía, un agente de bolsa que fue vinculado por Gordon al caso Graiver –la apropiación de la empresa Papel Prensa– y por cuya liberación Gordon pretendió cobrar un rescate económico.

Zavalía y cerca de 40 personas permanecieron detenidos en el centro de Pomar, según pudo establecer la instrucción de esta causa de lesa humanidad.

Gordon planeaba cobrar un rescate para liberar al operador bursátil. La maniobra fue frustrada a mediados de 1977 por efectivos de la Bonaerense, cuando el represor trasladaba a Zavalía a Córdoba en un auto, en el cual viajaba también una mujer: Marta Susana García Tezanos Pinto, quien luego trabajó como productora de la TV Pública. Hace 20 años, cuando se descubrió su pasado en la SIDE de la dictadura, los trabajadores de la emisora la repudiaron.

Al desbaratarse la extorsión, el centro clandestino de Pomar fue desmontado por efectivos del Ejército. Ni Dillon ni sus fiadores pagaron por el alquiler.

La SIDE 

Automotores Orletti, el centro de Pomar –identificado a fines de 2022— y otro sitio ubicado en la calle Bacacay al 3500 en Floresta formaron parte del circuito represivo montado por la banda de Gordon en tiempos de la dictadura cívico militar.

A principios de 2023, Juan Carlos Comínguez, exdiputado del Partido Comunista y fundador del gremio docente de CTERA, reconoció en el marco de una pericia ordenada por el juzgado de Rafecas el centro de Pomar como el sitio en el cual permaneció cautivo en mayo de 1977.

En ese operativo resultaron secuestrados los militantes del PC Carmen Román, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamotta. Un represor de la banda de Gordon, Honorio Carlos Martínez Ruíz, reconoció haber realizado tareas de seguimiento en el local del PC de la calle Callao donde se produjo la captura de Cóminguez. En ese documento, Albarracín, uno de los imputados, reconoció que la operación estuvo ordenada por Gordon.

El exdiputado, Lamotta y Padro resultaron liberados. El resto de los militantes, permanecen desaparecidos.

“Este juicio nos permite ver, una vez más, ver cómo operaban los servicios de inteligencia en la dictadura y nos recuerda los peligros de las construcciones de enemigos internos, ya sea bajo la etiqueta de ‘subversión o terrorismo’. También nos muestra el riesgo de un aparato de inteligencia sin ningún tipo de control”, señaló en diálogo con Tiempo la abogada Sol Hourcade, representante de la querella que sigue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en este juicio.

Varios militantes uruguayos, en el contexto del plan Cóndor, estuvieron cautivos en el circuito represivo montado por la SIDE.

Uno de los hechos que se ventilarán en este proceso oral y público será el de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, hijos de los militantes uruguayos del Partido de la Victoria, Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas.

Mario fue asesinado en septiembre de 1976 en medio de un procedimiento de terrorismo de Estado en el cual se capturó al resto que fue llevada a Orletti. Al momento de los hechos, Anatolle tenía cuatro años y su hermana apenas superaba el año de vida.

Victoria sigue desaparecida y a los chicos se los trasladó a Uruguay, por agentes de inteligencia de ese país. En diciembre de 1976 fueron llevados a Valparaíso, en Chile, y dejados en una plaza. Poco después los adoptaron legalmente y tres años más tarde la abuela de los niños, María Angélica Cáceres de Julien, logró dar con ellos y reestablecer un vínculo.  «