Jujuy: suspenden las elecciones en el gremio del Ingenio Ledesma y temen la intervención

«Estamos atrincherados en el sindicato», explicó Vargas a Tiempo. La permanencia es para custodiar el sindicato mientras esperan respuestas al pedido de prórroga del mandato de las autoridades gremiales que presentaron ante el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca y ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Es que además de los problemas gremiales, la acefalía provocada por esa cartera también dejó sin firma legal a los responsables de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OPSAIL) y los bancos frenaron las transacciones previstas para tratamientos oncológicos, internaciones y operaciones programadas para los afiliados, que ahora quedaron en stand by.

El lunes los trabajadores realizarán una asamblea para que los afiliados ratifiquen la junta electoral y fijen fecha de elecciones de urgencia y definir los pasos a seguir en la lucha contra la intervención del sindicato. «Hay posibilidad de intervención cierta porque por más que estén acá las autoridades, las comisiones internas y los trabajadores, técnicamente estamos en situación de acefalía», explicó Enrique Wandschneider, apoderado legal del gremio.

El sindicato azucarero nuclea a los empleados y obreros del Ingenio Ledesma, ubicado en la localidad de Libertador General San Martin, a 100 kilómetros de la capital jujeña, conocida por el operativo de la dictadura cívico militar conocido como la «Noche del Apagón» en la que fueron secuestrados 300 personas, en su mayoría trabajadores del azúcar, para lo que el Ejército contó con el apoyo operativo del ingenio Ledesma. En las causas judiciales por esos crímenes de lesa humanidad, Carlos Pedro Blaquier y el integrante del directorio de la empresa, Alberto Lemos, fueron procesados pero el año pasado la Sala IV de Casación Penal los desvinculó. El SOEAIL es querellante en el expediente.

El miércoles 14 de junio pasado el SOEAIL sufrió un nuevo golpe: una resolución del Ministerio de Trabajo suspendió las elecciones en las que competían tres listas que debían realizarse el viernes. La secuencia para la suspensión recuerda a los pasos con que el Ejecutivo provincial hostiga a Milagro Sala en la Justicia Jujeña, que a partir de una delación de integrantes de la organización ejecuta resoluciones terminantes.

La suspensión comenzó con una denuncia, radicada el 30 de mayo en el Ministerio de Trabajo por dos integrantes de la Comisión Interna, Ricardo Aguilera y Lucas Mamani, quienes en su rol institucional habían avalado la conformación de la Junta Electoral. El martes de la semana pasada, la comisión directiva del gremio recibió una carta documento con la denuncia. Ese debió ser el primer paso según establece la Ley de Asociaciones Sindicales, y otorga un plazo de 5 días para que la Junta y el Secretario General realicen su descargo. Sin embargo, al día siguiente la Cartera de Triaca resolvió la suspensión de la elecciones.

«Debe saberse que la facultad Ministerial para suspender un proceso electoral es solo procedente cuando la impugnación fue planteada inicialmente ante la autoridad electoral y sin que ésta se haya expedido en un plazo prudencial o ante una ‘decisión’ que fuera cuestionada», se quejaron desde SOEAIL.

Para la Comisión Directiva los hechos están teñidos la «manifiesta intención de proscribir a Rafael Vargas». Además, denunciaron que beneficia al Ministerio de Trabajo que en la primera reunión paritaria planteó, a través de la Jefa de Negociación Colectiva, Mercedes Gadea, que la cartera no homologaría ningún aumento que supere el 21%; y a la empresa LEDESMA S.A.A.I, ya que en la misma reunión la Jefa de Relaciones Laborales, Viviana Fernández, dijo que la intención empresarial era ajustar los sueldos con la tabla salarial de FOTIA, que desde 2011 el SOEAIL supera en un 17%.

Para Vargas la suspensión de las elecciones está en línea con la criminalización de la protesta que tiene a la líder de la Tupac Amari, Milagro Sala, como punto máximo del intento de disciplinamiento de las organizaciones sociales. Eso fue lo que a nombre del gremio el secretario general denunció en la sede de CIDH de la OEA en Washington en marzo y que repitieron en mayo ante los miembros de la Comisión antes de las 162° sesiones extraordinarias realizadas en Buenos Aires. Lo mismo que plantearon a los expertos de la ONU en Jujuy. 

«Es más de lo mismo: fuimos a la OEA a denunciar que nos judicializan por protestar en el marco de paritarias por salarios y condiciones de trabajo y por la vía administrativa nos multan. Esto es la frutilla del postre», redondeó Vargas.