La medida también alcanza a un grupo de dirigentes y militantes libertarios. La Justicia reaccionó con rapidez ante un posible riesgo de agresión contra la periodista. La presentación incluye cinco delitos, entre ellos malversación de fondos.
La presentación judicial surge tras una campaña de hostigamiento que Mengolini sufrió durante las últimas semanas, con epicentro en redes sociales. El hecho más grave fue la difusión de un video falso de contenido sexual generado mediante inteligencia artificial (IA), que mostraba su rostro montado en escenas explícitas. Este material, que circuló inicialmente en cuentas asociadas al espacio libertario, es utilizado como prueba central en la causa.
El documento judicial apunta directamente a Javier Milei como líder de lo que considera una “organización paraestatal de persecución política y digital”. También menciona a figuras clave del oficialismo, como Lilia Lemoine, Santiago Oría, Agustín Romo, Marcos Galperín, y a influencers libertarios que colaboran en la amplificación del contenido intimidatorio.
Uno de los ejes más sensibles de la denuncia es el presunto uso de recursos del Estado para financiar estas campañas. Según la presentación, existe evidencia de que parte de la actividad del denominado “ejército de trolls” oficialista se habría realizado desde cuentas y dispositivos vinculados a dependencias públicas. De comprobarse, esto configuraría el delito de malversación de fondos públicos, lo que agrava la situación de los imputados.
La denuncia fue recibida por el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro 2 – Secretaría 5, que actuó con rapidez: ordenó custodia personal las 24 horas para Julia Mengolini y la provisión de un botón antipánico, ante el riesgo cierto de una agresión física o nuevos actos de hostigamiento.
La causa abre un nuevo frente judicial para el oficialismo, en un contexto donde las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación -particularmente los críticos- se han intensificado. En términos legales, los delitos que se investigan tienen penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión, y podrían implicar inhabilitación para ejercer cargos públicos si se comprueban los hechos.
La causa recién comienza, pero su peso simbólico es inmediato. Pone en juego la relación entre poder político y violencia simbólica, entre tecnología y ética, y entre la democracia y las garantías mínimas que Milei saltea en forma sistemática.
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Desde el gremio apuntan al titular del organismo, Claudio Stivelman.
