Justicia Legítima pidió incluir a jueces y fiscales en la discusión por la jubilación

La organización, presidida por Cristina Camaño, ex fiscal y ahora a cargo de la intervención de la Agencia Federal de Inteligenci, reclamó que “el proyecto sea discutido por los sectores involucrados”, es decir que incluya a jueces y fiscales, para mejorar el proyecto y evitar “su anulación jurídica”.

“No se juzga un sistema privilegiado, sino especial, con múltiples especificidades que se justificaron en su momento para garantizar derechos ciudadanos y no corporativos y deben ser protegidos en el contexto de una necesaria reforma”, agregó.

“Justicia Legítima, que nació como fruto de la preocupación política de un conjunto de miembros del poder judicial, inquietos por el actual estado del servicio de justicia en nuestro país quiere hacer pública su posición ante la discusión sobre las iniciativas concernientes a los salarios y jubilaciones de sus miembros”, señala el texto firmado por el ex juez y ex fiscal José Massoni.

“Nuestro punto de partida es que el país está al borde del abismo. Y no por circunstancias casuales sino a causa de la política puesta en práctica por el gobierno de Macri”, indicó.

Consideró que este debate llega en un momento de “grave deterioro” sufrido por el Poder Judicial durante el gobierno de Macri, cuando se “debilitó gravemente el principio de la división de poderes”.

“Los poderosos del país –gobierno, grandes grupos financieros, gran capital nativo y extranjero, los grandes emporios comunicativos- se abalanzaron sobre cualquier “falla” en la acción de los magistrados que perjudicara la marcha de la política que terminó de la forma desastrosa que hoy está a la vista. Así fue como se nombraron dos jueces de la Corte Suprema por decreto, con el acuerdo de los designados, se designaron por decreto personajes fieles en los sitios clave y se persiguió hasta la remoción a cualquier juez que no cumpliera los designios del poder”, señaló.

Recordó que Justicia Legítima “fue hostigada, perseguida y furiosamente estigmatizada por los medios de comunicación bajo la “imputación” de un delito inexistente en nuestra legislación como es el de sostener una posición política. Así fue como se negaron ascensos de integrantes de la asociación y hasta de personas “sospechosas” de tener vínculos con ella, se manipularon concursos para bloquear el acceso de “disidentes” a determinados lugares de la estructura judicial, se “apretó” a jueces por medio del servicio de inteligencia y se amenazaron a familiares”.

“Hoy está a la vista la vergonzosa experiencia del armado de causas con documentos falsos, testigos comprados o extorsionados, dirigidas a la persecución política de opositores. Todo con la manifiesta colaboración de jueces y fiscales cómplices. Eso que hoy  en el mundo se llama lawfare, tuvo en nuestro país un escenario muy destacado”, manifestó.