Volver a la Justicia Social de la mano de la Justicia Ambiental

La justicia social y la justicia ambiental son inseparables. El proyecto de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), y de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), es un proyecto intrínsecamente ambiental. La lucha contra el modelo del agronegocio, que contamina, destruye y genera hambre, se contrapone a un modelo de soberanía alimentaria que permite a los pueblos decidir qué, cómo y para quién producir.  

Nuestro modelo se basa en la agroecología, priorizando la producción de alimentos sanos y seguros, desligada de la dependencia del dólar. La falsa dicotomía entre productividad y cuidado ambiental es una estrategia para justificar un sistema que produce millones de toneladas de commodities para la exportación, sin asegurar el acceso a alimentos nutritivos para la población.  La soja, por ejemplo, aunque está presente en ultraprocesados, no constituye un alimento básico para el pueblo argentino.

La problemática se manifiesta en la exposición diaria de productores a agrotóxicos, con consecuencias negativas para su salud y la del medio ambiente, incluyendo problemas respiratorios, dermatológicos y abortos. La agroecología se presenta como una alternativa urgente, no solo por razones académicas, sino por la necesidad de asegurar la supervivencia y la salud de las comunidades.

La participación popular es fundamental, ya que la política ambiental efectiva no surge de oficinas, sino de la organización y la lucha de los sectores populares.  Nuestra experiencia demuestra que la acción colectiva, como la creación de redes de comedores, es crucial para conectar la producción de alimentos con las necesidades de la población.

Impulsar la justicia

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra ha impulsado iniciativas como la ley de acceso a la tierra, obteniendo logros a través de la ocupación y posterior legalización de tierras. Nos proponemos masificar este tipo de acciones, promoviendo políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra y al crédito para pequeños productores. La articulación entre la acción en los territorios y la propuesta de políticas públicas es fundamental para lograr transformaciones reales y sostenibles.  

Tenemos que construir la realidad que queremos. Ante crisis como las que ya están golpeando a las familias argentinas, las organizaciones debemos resistir, asistir y proponer. Nuestra propuesta la mostramos en hechos concretos, compartiendo el fruto de nuestro trabajo.

No hay que moderar el discurso, no vamos a abandonar la consigna del bien común. Hay que volver a hablar de solidaridad, pero con hechos, no solo con palabras. En ese camino, también tenemos que defender las estructuras estatales que ayudan al campo popular, como el INTA. Hay que resistir, construir, estar codo a codo con los sectores más golpeados y seguir proponiendo otra forma de vivir.

Por eso decimos que la justicia social y la justicia ambiental son inseparables; una sin la otra es incompleta. El desafío radica en fortalecer las políticas sociales y ambientales en los territorios, para mejorar la calidad de vida de las familias productoras y asegurar el acceso a alimentos sanos y soberanos para toda la población.

La justicia social debe ser con justicia ambiental. O, dicho de otro modo: justicia ambiental sin justicia social es chamuyo.