Justicia y seguridad: cómo desactivar una bomba de tiempo

Gendarmería Nacional despidió a Patricia Bullrich con un obsequio macabro: un sable grabado con las palabras que la ministra saliente le dedicó a esa institución en plena conmoción por la desaparición de Santiago Maldonado. «No voy a tirar a un gendarme por la ventana», leyó la funcionaria, durante un acto oficial donde se emitió un mensaje claro destinado a la gestión que llega: las fuerzas de Seguridad -o al menos sus cúpulas- sienten una manifiesta e inquietante gratitud con la gestión macrista, que empoderó y protegió a los uniformados aun en los casos más evidentes de abuso y brutalidad policial.

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el marco de una represión ilegal a una comunidad mapuche de Chubut formó parte de una escalada de violencia institucional que se inició en la irrupción violenta a un comedor popular, en los albores del macrismo. Continuó con la cacería de mapuches –que incluyó el asesinato de Rafael Nahuel–, la represión violenta de manifestaciones populares y la defensa del tirador con placa Chocobar, cuya acción le dio nombre a un protocolo oficial que ampara el gatillo fácil.

La descripción, más que un diagnóstico, sirve como reseña del desafío que le espera a Alberto Fernández en tres frentes: seguridad –el ámbito natural de las policías–, percepción de orden –noción que bastos sectores asocian a la represión del conflicto social– y gobernanza policial, rubro que adquirió especial relieve a partir de la participación de las policías en distintos «golpes blandos» ocurridos en la región. 

«Para desempoderar a las fuerzas de Seguridad hay que dar vuelta estos últimos cuatro años y derogar estos decretos», opinó semanas atrás la antropóloga Sabina Frederic, especialista en formación policial y militar. Para la flamante ministra de Seguridad, un modo de conjurar el eventual uso de las fuerzas policiales como herramientas de desestabilización política es promover formas de sindicalización para vehiculizar las demandas laborales de los uniformados. «El descontento laboral es caldo de cultivo para las alternativas reaccionarias», resumió la experta.

Reperfilar la Justicia

A imagen y semejanza de lo que ocurre con la policía, la formación y selección de los magistrados está en la base del déficit en la administración de justicia, cuyo síntoma más ostensible es la pésima imagen pública del Poder Judicial.

La jornada de debate sobre los desafíos de la Justicia para el tiempo que viene -organizada por este diario-, esbozó un diagnóstico que bien puede dividirse en esos cuatro ejes temáticos: manipulación en la selección de los jueces, lejanía de las problemáticas sociales, parcialidad en la interpretación de las normas y formación deficiente.

La reforma judicial que bosqueja Alberto Fernández permitiría abordar cada uno de esos tópicos, pero sin la estridencia de una ley de «democratización» como la que intentó CFK. Eliminar la entrevista personal en los concursos –que hoy se utiliza para alterar los puntajes de los postulantes a magistrados de modo discrecional– es un modo sutil pero efectivo de limitar la manipulación palaciega en el nombramiento de los magistrados. Eliminar los gastos reservados de la AFI, o limitar los tours de magistrados al exterior con gastos pagos por gobiernos extranjeros, disminuyen el riesgo de «lawfare», como se denomina al uso de los tribunales para librar batallas políticas y comerciales. Desactivar ese mecanismo, como ocurre con los materiales explosivos, requerirá de pericia y cautela para que no explote la gobernabilidad. «