Justificación para seguir ajustando

El promocionado aumento de la actividad de diciembre de 2024 es producto de la baja base de comparación de la que se parte, diciembre de 2023, mes de la devaluación del 118%, que generó una significativa contracción de la actividad económica. Por los mismos motivos estadísticos, es de esperar que en los primeros tramos de 2025 se empiecen a dar crecimientos importantes, que el gobierno tratará de mostrar como la confirmación del rebote en forma de “V”.

Para ser precisos con el manejo de las estadísticas es necesario salir del universo de los datos puntuales. Así se observa que en todo 2024 la caída de la economía fue del 1,8% contra los 12 meses de 2023. Además, sin la recuperación del sector agrícola, luego de la histórica sequía del año previo, la contracción hubiera sido cercana al 3,6%, el doble. Este dato aún minimiza la baja, dado que también habría que considerar los impactos indirectos de la producción agrícola, entre ellos, el del sector de molienda de oleaginosas que creció un 48% en 2024, suavizando la caída que registró la industria manufacturera.

En paralelo, el consumo masivo no repunta. En diciembre, descontando la inflación, las ventas en supermercados cayeron un 3,3% interanual, acumulando una baja del 11% en todo el 2024. En el caso de los autoservicios mayoristas el derrumbe fue mayor: 14,5% interanual y 15% en el acumulado. Bien lejos del discurso oficial que plantea que el consumo crece.

En rigor, no podía esperarse otra evolución, teniendo en cuenta lo que ocurre con los salarios, que no sólo no se recuperan sino que siguen perdiendo poder adquisitivo. En diciembre los ingresos reales de los sectores registrados se redujeron 0,3%, de acuerdo a los datos del propio Indec. En el acumulado de 2024, los salarios del sector privado registrado cayeron el 6,1% en términos reales, y un 20,4% para los trabajadores estatales. En el caso de la jubilación mínima con bonos, estaría perdiendo un 17% en el primer trimestre de este año respecto al último trimestre de 2023.

Y si bien se observa cierta recuperación del consumo de bienes durables (como electrodomésticos y automóviles), que está en parte asociada a factores como el aumento del crédito, se concentra en sectores medios y de alto poder adquisitivo.

Otro efecto negativo de las políticas implementadas es que las compras de bienes de consumo al exterior crecieron un 47,5% interanual en enero de este año. La dinámica se da en un contexto de apertura importadora y apreciación cambiaria, que está afectando significativamente la producción y el empleo local, y que además tensiona el frente externo por el lado de las Reservas.

Modelo, ideología y desdén hacia las instituciones

La economía argentina no muestra datos positivos por considerar, salvo unos pocos que tienen que ver con el balance energético. Al respecto cabe hacer una reflexión: el superávit registrado a lo largo de 2024 en el sector es la consecuencia de la explotación de Vaca Muerta y del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, impulsado por el gobierno anterior. Quiere decir que fue con más Estado y obra pública que se pudo cambiar la ecuación energética de la Argentina, no con menos. Un ejemplo que debería tenerse en cuenta en muchos otros planos.

En materia de desregulación, otro de los ejes del actual modelo, se acaba de eliminar la prohibición de exportar ganado vacuno en pie para consumo, una norma que regía desde hace más de medio siglo para garantizar el abastecimiento del mercado interno y proteger a la cadena cárnica. Esta decisión castiga al empleo y la generación de valor local y debe leerse en el marco de la apertura comercial irrestricta, que ha llevado incluso a que Argentina importe alimentos de otros países.

Por su parte, el decreto para transformar el Banco Nación en sociedad anónima es otro ejemplo del modelo de economía y sociedad que se persigue. Se trata de una continuidad de la ola privatizadora de los ‘90, bajo la presidencia de Carlos Menem, y con Domingo Cavallo como ministro de Economía. En aquel entonces se privatizó una gran cantidad de bancos públicos provinciales, pero no se pudo alcanzar al Banco de la Nación Argentina (BNA), al Provincia de Buenos Aires, ni al Ciudad, entre otros.

El decreto se encuentra en línea con la filosofía que pregona el presidente, de minimizar al máximo las funciones del Estado.

El BNA es el principal banco de nuestro país. Su red de sucursales llega a una cantidad de lugares donde no opera la banca lucrativa, porque allí no es negocio estar. Por eso, el cambio societario sería un duro golpe para las pymes y las economías regionales.

Es un atajo para luego vender las acciones e ir avanzando en una privatización parcial a través de ese camino. Sin embargo, con el decreto se va en contra de lo que votó el Parlamento, ya que en la Ley Bases se excluyó taxativamente al Banco Nación de las empresas públicas sujetas a privatización.

Recientemente, una medida cautelar de la Justicia Federal de La Plata prohibió cualquier acción administrativa hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, que es la privatización, y consideró que la transformación societaria y la eventual incorporación de capitales privados podrían tener “consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles”.

En materia parlamentaria, el sentimiento generalizado de los diputados y diputadas es de mucho enojo y disgusto por los desplantes y el maltrato recibido por parte del Ejecutivo, y por el hecho que no se tratan temas esenciales, como el Presupuesto, además de avanzar por la vía del decreto en asuntos de suma relevancia que le competen al Congreso.

La designación, también por decreto de los dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, que se dio a conocer a poco de desatarse el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, podría constituir una maniobra de distracción para cambiar el eje de la discusión.

Sin embargo, desde el punto de vista institucional el hecho adquiere otra gravedad. El Senado es por definición el ámbito donde se debe dar acuerdo a la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los magistrados del más alto tribunal del país, con mayoría de dos tercios.

Y si bien la Constitución Nacional faculta al Ejecutivo para realizar nombramientos en períodos en los que no hay actividad legislativa, lo cierto es que el decreto fue publicado a tres días de que comience dicha actividad, lo cual da muestras del desdén hacia el rol del Parlamento y, consecuentemente, una vulneración de la necesaria división de poderes.

La lógica indica que debería haber un rechazo generalizado por parte del Senado, aunque hay que tener prudencia en el análisis, teniendo en cuenta lo que ocurrió con la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, cuando senadores votaron en contra de su propio proyecto y así el gobierno evitó que se aprobara su conformación.

Los intentos de desprestigiar la política y de pasar por alto las instituciones de la República van más allá de los estilos y forman parte de la batalla cultural que está dando el gobierno para imponer un modelo favorable a unos pocos con un alto costo social. Para revertir ese modelo se requiere una importante unidad del campo popular.