El sector yerbatero mantiene un largo conflicto con el Gobierno Nacional, a partir del vaciamiento del INYM.
Milei y Menem fueron a Misiones a impulsar la campaña del tenista retirado Diego Hartfield, candidato de La Libertad Avanza en esa provincia. Sin embargo, tuvieron que suspender la actividad.
Las y los trabajadores yerbateros mantienen un conflicto que lleva más de un año con el Gobierno Nacional, a partir de las políticas impulsadas para el sector, que -según denuncian- benefician a los grandes empresarios y perjudican a los productores.
La medida más criticada es el vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), encargado de regular el precio de la producción de yerba, entre otras cuestiones. A partir de esto -denuncian-, la actividad se quedó sin precios de referencia y los grandes jugadores pagan muy poco a los yerbateros.
Como resultado, desde hace meses se reproducen los cortes, los paros y las protestas en el sector.
«Como nunca antes, a partir del DNU 70/23 del presidente Javier Milei, que desreguló la actividad y debilitó el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las políticas neoliberales dañan de manera integral, brutal y acelerada a miles de familias de yerbateros, tareferos, productores, comunidades indígenas, secaderos y cooperativas, emprendedores y pequeñas y medianas industrias, erosionando no solo una economía regional sino la identidad de esta región y de la Argentina», señaló el comunicado de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), lanzado a mediados de este mes.
En el mismo documento, plantearon que «la yerba mate argentina sufre el saqueo más grande de su historia» y que estas políticas producen «daño a toda la cadena yerbatera, destrucción de la agricultura familiar y de la industria nacional, desempleo, hambre y pobreza para la mayoría de la gente».
Salvador Torres, del MAM, dijo en ese contexto que «hay una avanzada muy grande de las empresas monopólicas, de la mano del Gobierno Nacional, de los funcionarios de agricultura que dijeron ‘bueno, tienen que reconvertir, si no le da’. Ahora, a eso se suman los industriales de la Cámara de Molineros».
«La situación para el productor familiar es delicada, ya venimos de la temporada pasada con muy bajos precios; ya estamos casi la mitad de la temporada y las cosas siguen empeorando», y agregó que «el precio que se habló, que la industria estaba dispuesta a pagar, de 305 pesos, no se está cumpliendo; es más, se está pagando muy por debajo: estamos hablando de 270 y a veces 170 pesos», completó Torres.
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