El gobernador encabezó una conferencia de prensa en La Plata para explicar por qué el fallo es "un disparate jurídico". Defendió la estatización de 2012.

El mandatario habló en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial convocada exclusivamente para hablar del fallo de Preska, que condenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, y responder a las críticas del presidente, quien lo culpó por la decisión judicial. En este marco defendió el proceso de expropiación aprobado por ley en el Congreso Nacional en 2012 y responsabilizó a Milei por «poner en riesgo a YPF y la soberanía nacional».
«Esta sentencia es un disparate jurídico y un verdadero escándalo que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada. Se convierte así en una agresión a la soberanía argentina», señaló el mandatario, y explicó que la jueza no tiene competencia para fallar sobre el tema y que, además, la cesión de las acciones debe pasar sí o sí por el Congreso y obtener los dos tercios.
Aseguró que «es muy grave» que el presidente Milei, a pesar de afirmar que va a apelar la sentencia, intente echarle la culpa «por conveniencia política: es peligroso porque contradice al cuerpo de abogados del Estado y pone en riesgo el interés nacional».
Dijo también que la postura del jefe de Estado está en línea con su modelo económico. «Milei siempre está a favor de la entrega y en contra de la soberanía, pero en este caso es muy delicado porque empieza a estar en riesgo YPF. Hoy lo que se impone es denunciar a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF», advirtió.
En otro pasaje aseguró que responsabilizará a Milei de «cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética, como que abra negociaciones con fondos buitre cuando no hay decisiones firmes». Y agregó: «Lo que tendría que hacer Milei es defender a la Argentina y a YPF».
Además anunció que investigará los posibles vínculos de Milei y del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con los fondos buitres. Dijo que tanto los viajes recurrentes del presidente al extranjero, como la excusa del procurador para apartarse de llevar adelante la apelación del fallo «es muy sospechoso».
En el arranque de la conferencia, Kicillof defendió la estatización realizada en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apoyado en gráficos que mostraban cómo estaba la empresa durante la gestión de Repsol y por qué se tomó esa decisión, que pasó por el Congreso.
Precisó que, entre 2007 y 2011, la empresa pasó de «un superávit de 6 mil millones a un déficit de 3 mil millones» en materia de combustibles y que, para 2011, Argentina «se convirtió en un país deficitario en materia energética, principalmente atribuible al desempeño de Repsol».
«La gestión de Repsol terminó en un descalabro de la propia empresa como energético como de la economía en general. Estaban vaciando la empresa», señaló y advirtió que fue en ese marco que se decidió recuperar la compañía y apostar también a Vaca Muerta. Y apuntó que luego de que el Estado se hiciera cargo de la empresa no solo se recuperó la producción de petróleo y gas «sino que en 2024 el superávit energético alcanzó los US$ 5.696 millones, llegando casi a los valores de 2006».
«Es por todo esto que desde el punto de vista de nuestra fuerza política y desde la Provincia de Buenos Aires reafirmamos una vez más que YPF no se vende y, menos todavía, se entrega o se regala», concluyó Kicillof.
Estuvieron presentes en la conferencia el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.
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