El gobernador cuestionó las decisiones que viene tomando el gobierno de Milei. Dijo que el objetivo es crear un negocio privado. Las medidas.

La disputa se intensificó luego de que la administración nacional avanzara con medidas orientadas a la concesión y reorganización del complejo. Lo mismo ocurre con Embalse, en Córdoba. El argumento del gobierno nacional es que resulta necesario para reducir el gasto público y promover inversiones privadas.
Desde La Plata sostienen que el predio se encuentra en territorio bonaerense y que, si el Estado nacional decide retirarse de la gestión, la Provincia está en condiciones de hacerse cargo de su funcionamiento.
Días atrás, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, había señalado que desde el Ejecutivo bonaerense “no van a permitir” que se «remate nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos empresarios inmobiliarios». «Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos», sostuvo el funcionario.
En los últimos días se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, mientras continúan los cambios impulsados por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El gobierno nacional ya había anticipado modificaciones en el complejo de Chapadmalal al igual que en el de Embalse, ambos creados durante el primer peronismo como parte de las políticas de turismo social.
En el caso de Chapadmalal, la Rosada confirmó la intención de concesionar el predio por 30 años a operadores privados, bajo el argumento de atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal.
Embalse, por su parte, fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Todavía no se informó oficialmente cuál será el destino final del complejo.
Mientras tanto, sindicatos y trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento y paralización de actividades en ambos destinos. Según distintas fuentes gremiales hubo más de 100 personas afectadas por despidos y pases a disponibilidad.
Las medidas que fue tomando el gobierno de Milei en los últimos meses fueron las siguientes: a través del Decreto 216/2025 eliminó la obligación que tenía el Estado de prestar y garantizar los servicios de turismo social. Como consecuencia, la afluencia de beneficiarios (jubilados, estudiantes y familias trabajadoras) se redujo a cero durante los veranos de 2025 y 2026.
Luego, mediante el Decreto 269/2026, suprimió las áreas organizativas dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente que administraban los predios. La gestión de los complejos quedó bajo la órbita de AABE, que los declaró bienes ociosos o innecesarios para la gestión pública.
Para la Unidad Turística de Chapadmalal, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión de licitar y otorgar en concesión a operadores privados por un plazo de 30 años.
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