La agenda antimigrante del PRO se extiende a las provincias

Desde hace algunas semanas, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, venía agitando en las redes sociales la necesidad de cobrarles la atención de los servicios de salud a los ciudadanos bolivianos. Incluso mantuvo cruces con la ministra de Salud de Bolivia por este tema. Finalmente, el miércoles a la noche, la Legislatura provincial aprobó el proyecto para cobrar por las prestaciones médicas que reciban los extranjeros en tránsito a pesar de que el sistema de salud público es gratuito para todas las personas sin que importe su nacionalidad.

Desde la oposición, señalaron que no sólo se trata de un “papelón”, sino que también es un grave antecedente que se vincula con la visión xenófoba que tiene la alianza Cambiemos tanto a nivel provincial como nacional y que se puede apreciar en como han puesto a los migrantes de países vecinos en la mira.

La Ley 6.116 sancionada poco antes de la medianoche del miércoles reglamenta las autorizaciones, modos y valores de las prestaciones del seguro provincial de salud para todos los extranjeros que no paguen la carga impositiva “para solventar los servicios que brinda el Estado”.  

Además de agitar la xenofobia, señalando el costo que implica para el estado provincial, Morales hizo girar la polémica sobre el caso de Manuel Vilca, un argentino al que en Bolivia se le cobró por atención médica, pero hizo caso omiso de que lo mismo les ocurre a los propios bolivianos, y a que el gobierno de Evo Morales está en camino a implementar un seguro de salud universal y gratuito. Respecto de la incidencia de la atención a inmigrantes en salud, el porcentaje apenas llega al 3,7 o 5%, según la fuente.

El diputado del FIT Alejandro Vilca afirmó que el Ejecutivo provincial “quiere hacer creer que las y los bolivianos son responsables de los problemas del sistema de salud pública cuando en realidad la responsabilidad pasa por el gobierno provincial que ha profundizado el arancelamiento y privatización del sistema de salud público y gratuito. Por eso recortaron el 10 % del presupuesto de salud y a nivel nacional el 60% en programas de salud y promovieron los negocios y la injerencia del sector privado que lucra con la salud de la población.”

La legisladora peronista Alejandra Cejas sostuvo, por su parte, que la discusión legislativa es “para sacar de la agenda política lo que pasa en Jujuy y echarle la culpa al sector más vulnerable que son los extranjeros en la provincia”, y subrayó que “el problema obsesivo del gobernador Gerardo Morales es con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para generar una corriente de odio, porque acá sí hay discriminación”.

A pesar de la actitud pendenciera de Morales con el presidente Evo Morales, los ministerios de Salud nacionales de ambos países están negociando un acuerdo binacional de reciprocidad en servicios de salud. Ya se encuentra programada una reunión para el 22 de febrero en Santa Cruz de la Sierra para llegar a un acuerdo sobre este punto.

La agenda xenófoba del PRO se extiende a otras provincias

El gobierno de Chubut emitió un decreto que apunta contra los migrantes como responsables de los males que acosan a esa provincia. En línea con las políticas oficialistas a nivel nacional el decreto firmado por el gobernador Marco Arcioni dispone la expulsión del país o impide el ingreso a extranjeros con causas penales a la provincia, más allá de que estas estén firmes. El principio de inocencia que rige en la legislación ya no se aplica para los extranjeros en la provincia patagónica.

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El ministro de Gobierno de la provincia, dijo a La Nación, sin aportar datos concretos: “Nos encontramos con que un porcentaje elevado de los delitos que se están cometiendo en Chubut son realizados por extranjeros de Bolivia, Paraguay, mucho chileno, peruanos y ahora se sumaron dominicanos y venezolanos relacionados a los delitos de narcotráfico».

Consultada sobre el decreto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich manifestó que pese a no haber leído el texto del decreto considera que «está en la misma idea» que impulsa desde su ministerio. “Tiene la filosofía, dice: queremos que los extranjeros cumplan este contrato y que aquellos que no lo hagan no podrán estar en Chubut”, aseguró.  El gobierno de Mauricio Macri busca aprobar en el Parlamento una ley que le permita la expulsión de personas extranjeras sin participación del Poder Judicial.

Pese al apoyo de Bullrich, la medida es cuestionada por varios constitucionalistas que la consideran ilegal, ya que avanza sobre responsabilidades que corresponden a autoridades nacionales.

La insólita vuelta de tuerca es que incluso impone restricciones a las fronteras provinciales e incluso abre la puerta a deportaciones hacia otras provincias: “Hablé con la ministra Patricia Bullrich para compartir el trabajo con Gendarmería en Arroyo Verde en el límite con Río Negro. Dijo que sí, en un principio, para avanzar con la identificación de personas y vehículos, pero no se avanzó aún».

Chubut así se convierte en la primera provincia en legislar sobre la expulsión “exprés” de extranjeros, avanzando sobre garantías constitucionales y atribuciones que corresponden a la Nación.