Vanessa podría haberse convertido en un ejemplo de superación. Se trata de una ciudadana peruana, de 33 años, que hace 15 está en Argentina donde nacieron sus tres hijos. En 2013, la mujer reconoció haberse equivocado y en un juicio abreviado se hizo cargo de haber vendido estupefacientes. Pagó su condena de cuatro años de prisión. Luego, con mucho esfuerzo, se recibió de Técnica Superior en Enfermería. Sin embargo, sus sueños se derrumbaron: un ardid pergeñado entre el gobierno nacional y la justicia la expulsaron del país, el lunes, junto a su nene de dos años.

Según informó elCanciller.com, los policías que se acercaron a la casa de Vanessa la semana pasada le dijeron que debía acompañarlos para “firmar una notificación”. Dos de sus hijos se quedaron en la casa, mientras que el más pequeño se fue con ella. La mujer fue trasladada a la Superintendencia de Investigaciones Federales y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes a la tarde, por orden de un juzgado en lo contencioso administrativo y con la gestión de la Dirección de Migraciones, fue expulsada del país junto con el nene.

Según trascendió, al mismo tiempo que Vanessa asistía al Instituto Superior de Formación Técnica de la Provincia de Buenos Aires y se ocupaba de sus hijos, la Dirección Nacional de Migraciones iniciaba el procedimiento para su expulsión. Cada vez que pudo, la mujer sostuvo formalmente que sus intenciones eran quedarse en la Argentina con sus hijos y se basó que en muchos casos la justicia prioriza el interés del niño por sobre el castigo a la madre.

Pero las autoridades insistieron y lograron que la jueza María Alejandra Biotti, a cargo del Juzgado en los Contencioso Administrativo Federal dispusiera N°5, dispusiera su expulsión, acorde a los tiempos que corren, en los que el gobierno de Mauricio Macri y sobre todo su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzan de todas las maneras posibles, incluso bajo explícitas presiones a la justicia, para que los extranjeros sospechados de cometer algún delito sean echados.

elCanciller.com precisó que el viernes, Vanessa estuvo en una dependencia sin luz ni agua junto a su bebé de dos años. Bajo una incertidumbre total, su abogado llegó a presentar un habeas corpus porque ese lugar no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad para que una madre amamante a su niño. Sin hacer caso a la presentación judicial, el sábado fue trasladada a Ezeiza.

El domingo, la defensa presentó otro recurso, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Pero nadie lo recibió. El lunes por la mañana, se presentó un amparo donde hicieron hincapié en los derechos del niño, de la mujer y en la importancia de la reunificación familiar. Intentaron también una presentación en Migraciones para que revise el caso. Las intervenciones fueron respondidas con trabas burocráticas.

“Vanessa fue expulsada ayer a las 19 hacia Perú, un país donde prácticamente no tiene familia. Con ella, fue expulsado también su hijo, de dos años, ciudadano argentino. En Villa Lugano quedaron sus otros dos hijos, separados de su madre por el capricho electoral de expulsar a la mayor cantidad de extranjeros posibles. La estrategia ahora es lograr su regreso, aunque no será ni tan rápido ni tan fácil como fue su expulsión”, resume la nota de elCanciller.com.