«La austeridad sin crecimiento no paga deudas»

La Argentina atraviesa una recesión que no se anuncia con titulares estridentes, pero que se lee en los locales cerrados, en las jubilaciones que no cubren lo básico, en las fábricas que apagan sus hornos. La política económica vigente logró algo que sus promotores exhiben como virtud: cerrar las cuentas fiscales. Pero el precio de ese equilibrio lo están pagando, con creces, los sectores trabajadores.

Desde diciembre de 2023, la economía argentina transitó un shock devaluatorio e inflacionario que, según las propias mediciones oficiales, encendió una inflación inicial (la devaluación fue del 118 por ciento). Desde entonces, Nación exhibe una baja de ese índice como si fuera un trofeo. Sin embargo, la inflación de marzo de 2026 cerró en torno al 3,4 por ciento mensual, y el acumulado anual no baja del 30 por ciento. Para un asalariado cuyos ingresos se actualizaron apenas un uno por ciento, esos números están lejos de verse como un logro.

Hay algo más que los números no dicen: el índice que se usa para medir la inflación fue diseñado en una época donde los servicios —luz, gas, agua— pesaban mucho menos en el gasto de las familias. Hoy, con la eliminación de subsidios y las tarifas liberadas, esa ponderación está desactualizada. El costo de vida real supera, con creces, lo que el indicador oficial refleja.

El modelo tiene una lógica interna que sus defensores describen como «nivelación de precios relativos». Traducido: bajar salarios reales para reducir costos y atenuar la demanda de divisas. La consecuencia práctica es una plaza seca de consumo, una demanda derrumbada y una industria que no puede competir porque paga costos dolarizados con una productividad que el tipo de cambio de bandas no contempla. El resultado lo conocemos: veinticinco mil pymes cerradas, cerca de 300.000 despidos en el sector público y privado, hospitales sin insumos, organismos nacionales desmantelados.

Esta no es una crítica al equilibrio fiscal en sí mismo. Una economía que durante años maltrató a su población con déficits financiados a ciegas también tiene cuentas pendientes. El problema es otro: la estabilización no es un plan económico, debe ser la consecuencia; es, a lo sumo, el punto a cuál arribar desde un Plan Integral de desarrollo. Sin planificación, sin inversión pública, sin política industrial, sin un horizonte de crecimiento con distribución, el ajuste es solo un fin en sí mismo. Y los ajustes que no van a ninguna parte terminan en recesión con inflación —exactamente dónde estamos.

El escenario recuerda lo vivido en Grecia no hace muchos años, cuando ese país siguió los consejos y mandamientos de los organismos de crédito de su órbita y terminó en una espiral de ajuste sin salida. La lección que dejó aquel experimento sigue vigente: la austeridad sin crecimiento no paga deudas, las profundiza. Por eso Argentina necesita replantear su relación con los organismos multilaterales desde un marco de concertación genuino, que contemple la capacidad real de repago y que permita al país iniciar procesos de inversión pública (políticas expansivas) capaces de dinamizar la economía.

Pero ese replanteo no puede detenerse en la relación con los acreedores externos. Hacia adentro, es igualmente urgente un pacto real de intereses entre las provincias y la Nación. Desde la última reforma constitucional, los recursos naturales pertenecen a las provincias; y lo recaudado por gravámenes nacionales debería distribuirse apelando a la equidad, no solo a las fórmulas de coparticipación vigentes. La naturaleza dotó de ventajas naturales diversas a ciertas regiones, pero eso no puede ser el único criterio cuando se toman decisiones que nos abarcan a todos. No todos están en la misma condición: las provincias con carencias históricas —por los motivos que fuesen— sufren el impacto de cada ajuste con efectos exponenciales. Y los habitantes de esas provincias son portadores de derechos inalienables, independientemente de la geografía que les tocó. Para no volver a etapas de desigualdad extrema, ese principio tiene que estar en el centro de cualquier acuerdo federal que se pretenda duradero.

No se trata de elegir entre pagar o crecer. Se deben restructurar de manera que podamos crecer con vías de desarrollo. Se trata de reconocer que sin producción propia y suficiente, capaz de generar divisas genuinas – no fugables- con una industria pujante que agregue valor, con ciencia y tecnología aplicada a la producción, frenando la fuga de divisas, las exportaciones de commodities no alcanzan para financiar el pleno empleo. Manuel Belgrano lo decía hace doscientos años con palabras distintas: no vendamos cueros, vendamos zapatos. Hoy podríamos decir: no exportemos litio, exportemos baterías. Esa conversación, por ahora, no está en la agenda.

Los que más sufren este esquema son los de siempre: los jóvenes sin trabajo, los jubilados con haberes degradados, los pequeños comerciantes que bajan la persiana, los trabajadores cuyos salarios no corren detrás de los precios, el impacto es en las clases medias que entran al tobogán. El mercado, librado a su propia dinámica, no distribuye bienestar: concentra. Por eso el Estado no puede ser solo árbitro ni solo espectador; tiene que ser el actor que planifica, que prioriza, que asegura que el crecimiento llegue donde el mercado no llega.

La narrativa de que las «libertades que vuelven» traerán prosperidad se desvanece cada mes que pasa. Mientras tanto, la realidad cotidiana de millones de argentinos es cada vez más difícil de ignorar.

*Gerardo Grippo es Presidente del Movimiento Industrial Misionero