La Cámara Federal ordenó a Casanello que defina si cita a Cristina

Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun le ordenaron a Casanello que «en un plazo razonable, practique un nuevo estudio del pedido de indagatoria de Cristina Fernández de la manera indicada en los considerandos y en las anteriores decisiones de esta Cámara», según consta en el fallo al que accedió Télam.

En noviembre pasado, Casanello le había respondido a la UIF -el organismo anti lavado que depende del Ministerio de Economía- que aportara al expediente aquella información que demostrara los vínculos de la ex presidenta con las cuentas en el exterior de Báez, para poder definir si debía citarla o no.

«Es prioritario que la UIF se concentre en traer a este proceso la información que dice existir acerca de la vinculación del matrimonio Kirchner con cuentas radicadas en el exterior», había reclamado el juez Casanello. 

El juez Casanello había señalado además que los supuestos delitos que la UIF le atribuía a la ex presidenta estaban siendo juzgados en otra causa como la que tiene el magistrado Julián Ercolini, en la que se juzga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en favor de Báez.

Las respuestas de Casanello no convencieron ni a la UIF, ni a la OA, ni a la Cámara Federal que hoy le ordenó que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de la ex presidenta, que está formalmente imputada en la instrucción y tiene un pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuan.

“Se equivoca cuando alude a un eventual peligro de doble persecución penal: los hechos que exponen los acusadores para pedir la indagatoria de Cristina Fernández no fueron materia de un pronunciamiento en otras causa del fuero», sostuvieron Farah e Irurzun.

«Es claro también que este escollo no fue advertido en el caso de Lázaro Báez, con quien comparte la imputación en ésta y en las otras causas, ya que su situación procesal en autos ha sido elevada a juicio», remarcaron.

La causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez será ventilada por el Tribunal Oral Federal 9, mientras el eventual llamado a indagatoria de la ex presidenta corre por un carril separado.

A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como «La Rosadita»- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.