La campaña del miedo del gobierno para imponer los aumentos

Mientras el gobierno apura su estrategia judicial para aprobar los aumentos a las tarifas energéticas, distintos paladines de Cambiemos protagonizan una campaña de miedo para amenazar a la sociedad si no logran llevar a cabo el tarifazo. «Si la Corte frena por mucho tiempo la corrección tarifaria, vamos a tener que recortar la obra pública», sentenció el domingo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en una entrevista televisiva en Animales Sueltos.

El discurso de Prat-Gay es un eslabón más de esta campaña de intimidación pública que comenzó hace más de un mes cuando Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, dijo que «alguien va a tener que pagar»: «Si no hay aumentos, el costo de la energía se pagará con impuestos y recursos del Tesoro. Y esto generará inflación.»

Por su parte, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, retomó la semana pasada el discurso al asegurar que sin el tarifazo, «los pobres seguirán subsidiando a los ricos». Eso sí, tuvo que salir a aclarar que no habrá cortes de servicio, como habían amenazado algunas empresas prestadoras. Más allá de esta intervención mediática, el ministro deberá presentarse mañana ante cuatro comisiones del Congreso para defender su política y metodología de aumentos.

Desde Edenor, aseguran que dentro de poco la empresa «no va a tener plata para pagar salarios ni gastos corrientes», según dijo su presidente, Marcelo Torres. Su par de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, fue un poco más allá en una entrevista a Clarín, y dijo: «Creo que un mes o dos tiene que resolverlo con sentido de responsabilidad. Porque si esto no pasa, la empresa no tiene ingresos y prácticamente entra en quiebra.»

En cambio, el discurso del presidente Mauricio Macri es más inocentón pero sin dejar de ser provocativo. El jefe del ejecutivo, cada vez que puede, insiste en bajar los niveles de consumo al pedir que los ciudadanos no anden en patas en sus casas o agradeciendo que sale el «solcito» en algunos días de invierno.

Toda esta campaña discursiva acompaña a la judicial y política para lograr que los usuarios paguen las ganancias de las empresas. Desde el gobierno aseguran que esto generaría confianza en empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y China, para invertir en el sector energético argentino.