La canasta de servicios públicos ya insume el 15% de un sueldo promedio

La canasta de servicios públicos de un hogar promedio del AMBA ya insume más del  15% del salario promedio de los trabajadores registrados. La proporción fue en constante ascenso en los últimos meses, tanto por los aumentos de tarifas que dispuso el Ministerio de Economía como por el deterioro de los salarios reales a partir de la llegada al gobierno de Javier Milei.

El cálculo fue hecho por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires. Allí se tomaron los consumos representativos de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires del sector N1 (sin subsidios) y en un hogar de coeficiente zonal medio.

Según el informe, el paquete de consumos medio en energía eléctrica, gas, agua potable y transporte fue de $ 142.645 en julio. La cifra es 374% más alta que en diciembre, lo que muestra el impacto de los tarifazos en el costo de vida.

El costo de la canasta se descompone en $ 41.319 para la boleta de energía eléctrica; $ 40.906 en servicios de transporte público; $ 37.131 en gas natural y $ 23.289 en agua y cloacas.

De acuerdo a la evaluación que realizó el IIEP, el aumento del gasto en servicios públicos “se explica en el sector energético por 1) consumos más elevados conforme se transita el pico estacional de invierno; 2) por incrementos en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio; y 3) por la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural vigentes a partir del 1° de junio”.

Explosión del gas

Uno de los cuadros que acompaña el trabajo detalla que la suba más impactante fue la del gas natural, que desde diciembre aumentó 1209%,“tanto por el aumento de tarifas en abril y junio como por el consumo estacional en el pico invernal”. En los otros servicios los incrementos también fueron muy fuertes: 249% en agua, 229% en energía eléctrica y 410% en el transporte. Como referencia, la inflación registrada por el Indec en ese período fue de 79,8 por ciento.

Los cálculos fueron realizados en base al sector N1, que con sus pagos cubre el 80% de los costos del sistema eléctrico, el 50% del de gas y el 100% de agua. En otros grupos el impacto es diferente porque el Estado se hace cargo de una fracción mayor. En definitiva, se estima que los usuarios abonan el 41% de los costos totales, unos tres puntos por encima del promedio de los últimos ocho meses.

Menos ingresos

Lo que gastan las familias en servicios públicos se contrapone, por lógica, a los ingresos. Y aquí es donde la divergencia se hace más grande, ya que los salarios reales cayeron fuertemente en los últimos meses. Para ello el estudio consideró el RIPTE, el indicador que elabora la Secretaría de Trabajo en base a los ingresos promedio de los asalariados registrados.

La comparación arrojó que la canasta de servicios públicos significaba el 6,2% del salario promedio en diciembre del año pasado y fue creciendo de manera paulatina hasta abarcar el 15,3% en junio, más del doble que a fines de 2023. El continuo retroceso de los salarios reales hace que, en particular, la canasta energética (gas y electricidad) impacte mucho más en la remuneración media que hace cinco años (6,1% frente a 5,6% en diciembre de 2019), a pesar de que en términos reales las tarifas están bastante por debajo que a la salida del experimento macrista.

Con ese panorama, está en duda cuál es el margen que tendrá el gobierno para continuar con el proceso de quita de subsidios. En el primer semestre del gobierno de Javier Milei, la reducción fue notable: las transferencias corrientes realizadas por el Estado en energía, agua y transporte bajaron el 44% interanual en junio. Pero la inminente llegada de las boletas con los mayores consumos de la temporada invernal puede acentuar el malhumor social. Por algo el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los aumentos de tarifas se definirán «mes a mes».

La idea del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era poner en marcha un esquema que fijaba un límite del 10 por ciento de los ingresos del hogar a la canasta energética (gas y electricidad) y que por encima de ese monto las familias recibirían una transferencia por la diferencia. El fuerte incremento real de esos rubros podría provocar que a mediano plazo la mayoría de los hogares debería ser subsidiados. Ese hecho, sumado a la compleja implementación, frenó la iniciativa y ayudó a que la figura de Rodríguez Chirillo pierda fuerza en la estructura de decisiones del gobierno. «