La movilización irá a Plaza de Mayo y participarán todas las centrales sindicales y organizaciones sociales y piqueteras. Habrá acciones en todo el país en un diciembre que pinta muy conflictivo. El Ejecutivo, a última hora, incluyó puntos que aumentan el ataque a los sindicatos y ratificó los artículos ya cuestionados.

El mismo día, la conducción de la CGT decidió convocar a una movilización a la Plaza de Mayo y en varios puntos del país que pronosticó como “contundente” y a la que ya se sumaron las dos CTA y organizaciones sociales, piqueteras, estudiantiles y de derechos humanos.
El gobierno busca aprobar la norma en forma exprés e incluso aspira con lograrlo antes de fin de año. El Ejecutivo sabe que agarra a la CGT con la guardia baja. Es que la entidad acompañó más o menos formalmente el proceso de discusión del proyecto en el Consejo de Mayo a través de Gerardo Martínez, su representante nominado con un decreto presidencial.
Además, la viabilidad de desenvolver una lucha a fondo, creen, se ve dificultada en medio de las Fiestas y el comienzo de las vacaciones de gran parte de los trabajadores registrados, aunque los antecedentes digan otra cosa: las dos jornadas de diciembre de 2017 que obligaron a Mauricio Macri a retirar la misma reforma laboral y marcaron el comienzo del fin de su gobierno. Y más atrás en el tiempo, la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La determinación del Consejo Directivo de convocar a una movilización al centro del poder político se dio en forma unánime el jueves e incluso algunas voces sostienen la necesidad de avanzar en una medida más de fondo como podría ser un nuevo paro nacional.
Jorge Sola, uno de los flamantes cosecretarios generales, aclaró en conferencia de prensa que la CGT se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. Además, resaltó que Gerardo Martínez había dejado asentado su rechazo durante las deliberaciones tal como consta en las actas de las reuniones.
Hasta ese momento, sin embargo, el único gesto de rechazo concreto que se conoció había sido el faltazo del líder de la UOCRA al último cónclave del Consejo con el propósito de despegarse de ese y los otros proyectos que emergieron de esa instancia.
Algo se rompió. El gobierno apostó a que podría desactivar toda medida de acción de la CGT cediendo en un punto vinculado con la recaudación de las entidades sindicales. La letra final del texto ya no prohíbe los aportes solidarios de las cámaras patronales sobre la totalidad de los trabajadores bajo el convenio de rama en favor de los sindicatos, aunque las deja sin efecto hasta tanto no medie un nuevo acuerdo que, a su vez, puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes.
Pero, además, si se tratara de un asunto de caja, el proyecto definitivo incorpora un nuevo artículo que modifica lo que establece la actual Ley de Asociaciones Profesionales en su artículo 38, al eximir a las empresas de la obligatoriedad de oficiar de agentes de retención de las cuotas sindicales de sus afiliados.
Con todo, el nudo de la reforma, que el ministro Federico Sturzenegger reconoció que es “desarticular la estructura sindical”, se mantiene incólume. La derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos nacionales y la vulneración de su orden de prelación, dando supremacía a los acuerdos regionales o a nivel de empresa, implica un golpe a la médula del derecho laboral, la capacidad de acción colectiva de la clase trabajadora y, en definitiva, la existencia misma de los sindicatos, federaciones y uniones nacionales.
El proyecto, además, incorpora un nuevo artículo que agiliza la creación de sindicatos por empresa para acelerar la perforación de la estructura sindical mediante la fundación de entidades “amarillas”. Es lo que hizo, por ejemplo, la low cost Flybondi durante el mandato de Mauricio Macri.
Son los dos puntos que un alto dirigente de la CGT aseguró que eran “innegociables” en oposición a otros como el salario “dinámico” (por productividad), el banco de horas o, entre otros, la fragmentación de las vacaciones que sí estarían dispuestos a considerar.
Por eso la respuesta resultó casi inmediata y, en algún punto, ineludible. La CGT necesita poner freno a semejante ofensiva no solo por el daño sobre las condiciones de vida de los trabajadores que representa sino en defensa de su propia existencia como estructuración del concepto de organización colectiva de la clase obrera.
La convocatoria fue rápidamente respaldada por las dos CTA que, en un comunicado conjunto, se declararon en “estado de movilización permanente” para rechazar lo que consideran “un proyecto redactado en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios”. Para ellos, el proyecto “no moderniza nada”.
También serán de la partida las organizaciones sociales y piqueteras que, hundidas en la informalidad, paradójicamente fueron las que reaccionaron primero. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero realizaron el martes una jornada conjunta con cortes en 32 puntos del país para rechazar “la reforma laboral esclavista” y que, consideran, lejos de mejorar su situación la consolida.
Las organizaciones que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo ya habían convocado el miércoles a movilizar el 18 y ratificaron su participación en Plaza de Mayo. El texto que difundieron con la firma de decenas de sindicatos y comisiones internas encabezadas por el SUTNA, la Unión Ferroviaria de Haedo, la AGD-UBA, Ademys y la comisión interna de ATE del Hospital Garrahan no solo rechaza la aprobación de la ley sino que, además, exige un “paro activo nacional de la CGT y las CTA y un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei, Trump y el FMI”.
La situación ya empieza a plantear el debate sobre la continuidad del plan de lucha. Otro de los cosecretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, señaló en una entrevista con AM 750 horas antes del Consejo Directivo del jueves que “no le tengo miedo a la palabra paro nacional. Pero tenemos un ámbito institucional y tengo que ser respetuoso de mis compañeros”.
Uno de los sectores más combativos que milita dentro de la CGT, la Federación Aceitera, liderada por Daniel Yofra, emitió un comunicado en el que rechazó la norma y reafirmó su “compromiso en la defensa de los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos de las trabajadoras y los trabajadores». Lo harán, dijo, «con todas las herramientas constitucionales a disposición de la clase trabajadora argentina, fundamentalmente el ejercicio del derecho de huelga”.
En diálogo con Tiempo el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy señaló que “diciembre, enero y febrero van a ser meses de mucho jaleo”. El dirigente explicó que este mismo jueves “algunas organizaciones como ATE o la intersindical de La Pampa van a parar. Estamos en estado de movilización permanente y en todos los momentos en que se trate el proyecto en el Congreso (sea en el Senado o en Diputados) vamos a estar parando y movilizando”.
Sobre la continuidad del plan de acción el dirigente señaló que “el lunes (por mañana) nos reunimos con la CGT y ahí veremos con lo que nos encontramos. Tenemos un plan de acción autónomo pero, en la medida que podamos, lo vamos a articular porque hay que unir fuerzas”.
En la reunión de organización de la marcha realizada el viernes se definió concentrar en Plaza de Mayo a partir de las 12 para que a las 15 “la Plaza esté colmada”. Las columnas de la CGT ingresarán por Diagonal Sur y Avenida de Mayo y se proponen aportar a la movilización más de 150.000 manifestantes. El Consejo Directivo de la CGT todavía no definió el lugar del escenario ni si el acto será con oradores o se leerá un documento.
El martes se realizará una nueva reunión de organización para definir los últimos detalles.
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