La cintura política de Petro y la sombra de un golpe en Colombia

Luego de algunas semanas de cortocircuitos, el gobierno colombiano de Gustavo Petro recuperó el vínculo diplomático con los EE UU de Donald Trump, en una trama de alta tensión política, con una denuncia presidencial por intento de golpe de Estado, las internas oficialistas en ciernes y los ecos de la violencia de otras décadas. Recién esta semana que pasó, Petro dio la orden para que su embajador en EE UU, Daniel García-Peña, regrese a Washington, con un mensaje que destacó la importancia de «superar las diferencias» luego de que el diplomático fuera llamado a consultas a Bogotá.

La trama oculta de ese restablecimiento: la Cancillería reveló que Petro había enviado una disculpa a Trump en una carta del 23 de junio. Se excusaba por las declaraciones en las que había señalado al secretario de Estado, Marco Rubio, por su posible implicación en un intento de golpe: «Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa no tenía la intención de señalar a nadie ni de cuestionar sin fundamentos el papel de EE UU».

La carta dedica un párrafo a los señalamientos posteriores al atentado contra el senador de la ultraderecha y precandidato presidencial, Miguel Uribe, que atribuyeron este ataque a una supuesta «retórica violenta» del Gobierno. Petro consideró inadmisible ese tipo de insinuaciones y recordó que no se halló vínculo alguno. Quién lleva la voz de ese argumento es el propio abogado de Uribe, quien estuvo en estado crítico tras ser baleado por un menor y los medios locales insinúan que detrás del atentado está la disidencia de las FARC que no aceptaron firmar la paz en 2016.

«Rechazo de manera categórica cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada», afirmó Petro en la carta dirigida a Trump, a quien indirectamente había pedido ayuda para esclarecer el hecho, al haber solicitado intervención de la CIA y el FBI. La principal hipótesis que manejaban en la Casa de Nariño era la acción  de “mafias internacionales”. Finalmente invitó a Trump a una cumbre de la CELAC.

El ataque a Uribe ocurrió el 7 de junio. Casi un mes después, el abogado presidencial, Alejandro Carranza, denunció penalmente al excanciller, Álvaro Leyva por “conspiración para cometer sedición, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia agravada e injuria”. La denuncia se basó en una serie de audios divulgados por El País de España, en los que Leyva sugiere haber buscado apoyo en EE UU para presionar la salida anticipada de Petro del poder. También se incluyen como evidencia cartas previas del exfuncionario, en las que acusa al mandatario de supuesta drogadicción, lo que formaría parte de un plan de desestabilización. Carranza afirma que la ruptura entre Petro y Leyva, quien integró el gabinete hasta mayo, habría ocurrido cuando el presidente se negó a nombrar al hijo del excanciller en un cargo público. Y sostiene que Leyva incurrió en delitos al intentar influir en un gobierno extranjero para provocar una «ruptura del hilo constitucional» en Colombia.

En tanto, Petro busca el equilibrio con la Consulta Popular que volvería a convocar (el Senado la denegó hace un mes) sobre su proyecto de aplicar reformas sociales y la interna dentro de su coalición, Pacto Histórico, para elegir a su próximo candidato presidencial para 2026,  a través de una consulta abierta el 26 de octubre.  «