Así lo ordenó el juez porteño Roberto Gallardo ante el pedido de UTE, ACIJ, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y grupos de familias. Busca garantizar la continuidad pedagógica por el cierre de las escuelas.
Se trata de una medida cautelar que hizo lugar al pedido de algunas familias, el sindicato docente Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA) y las organizaciones ACIJ y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que reclamaron estos insumos para posibilitar la continuidad pedagógica mientras las escuelas continúen cerradas por la cuarentena.
En su fallo, Gallardo ordenó el ejecutivo de la Ciudad entregar en un plazo no mayor a 5 días algún dispositivo electrónico (notebooks o tablets) a estudiantes que concurren a escuelas públicas (o de gestión privada con cuota cero) y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
El magistrado incluyó en esa categoría a los casos en que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
En el mismo plazo de días, ordena instalar “en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos” equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica similares a los que actualmente se encuentran dispuestos en plazas y espacios públicos. En caso de que existan impedimentos técnicos, el gobierno de a Ciudad deberá entregar “un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar”.
“Resulta pertinente tener por acreditado el menoscabo en su derecho a la educación en condiciones igualitarias que padecen los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en el actual contexto de suspensión de clases presenciales. Situación ésta, que sería la consecuencia de la actuación del GCBA, al imponer exigencias carentes de razonabilidad para la entrega de equipamiento informático a los estudiantes cuyas familias no pueden afrontar el costo de una computadora o tablet, y de una conexión de internet”, argumentó Gallardo en su resolución.
En relación a la sentencia, desde ACIJ sostuvieron: “El cumplimiento por parte del GCBA de las medidas cautelares dispuestas será un paso fundamental para revertir la desigualdad que actualmente sufren los sectores más desfavorecidos de la Ciudad para acceder a la educación a distancia mientras dure la emergencia derivada del COVID19”.
También destacaron que una sentencia judicial de esta magnitud “es un antecedente fundamental para toda América Latina en cuanto a las obligaciones estatales de brindar conectividad a Internet para que los grupos vulnerabilizados puedan ejercer adecuadamente otros derechos humanos”.
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