Mientras la comunidad educativa reclamaba la institucionalización de estos Centros, el ministerio decidió tirar abajo una sede. Este viernes a las 12 realizan un abrazo al lugar.
“Desde hace muchos años venimos luchando para que estos CEI se institucionalicen, es decir, transformarlos en una institución con sede propia, con un equipo de conducción, con planta orgánico funcional propia y que no dependa de una escuela, dado que actualmente los CEI que quedan no tienen presupuesto propio y tienen como coordinadora a una vicedirectora”, explica a Tiempo Jorge Godoy, secretario de educación especial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA). Pese al reclamo sostenido de la comunidad educativa, la Ciudad no solo se negó a institucionalizar esos centros, sino, que en diciembre pasado, tiró abajo el CEI del distrito 13.
“Lamentablemente desde el área de especial no hay ninguna intervención para que la sede se reconstruya o para que se le asigne una nueva. Este es el verdadero interés que tiene el ministerio de educación de la Ciudad sobre el sistema educativo. Ellos hablan de inclusión, de trabajo en territorio, pero cuando tienen que invertir en lo territorial miran para otro lado. Lo mismo de siempre, puro marketing, mucho discurso, pero la inclusión real es un verso para este gobierno”, suma Godoy.
La propia cartera educativa reconoce la importancia de los CEI y destaca en su página web que “sus intervenciones están orientadas a evitar el fracaso escolar y la deserción en la escuela común, a acompañar y facilitar los procesos de inclusión educativa, así como a intervenir para mejorar las propuestas de enseñanza”.
“Los CEI se encuentran justamente donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias y casualmente son los distritos del sur donde se necesita mucha intervención en educación especial. Esta demolición que hizo el ministerio de educación, se inscribe en el contexto de hacer desaparecer la educación especial. Demoler el espacio es de alguna manera, tanto desde lo real como desde lo simbólico, una demostración de eso”, agrega el docente e integrante de la comisión directiva de UTE y termina, “es por eso que este viernes a las 12, vamos a realizar un abrazo al lugar donde se encontraba el CEI, en calle Basualdo al 3100”.
En la Ciudad hay apenas 56 instituciones de educación especial, insuficientes frente a la alta demanda de vacantes todos los años. Pero no se crean más lugares. Durante su primer mandato, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mantuvo prácticamente congelado el presupuesto para el área, e incluso bajó su incidencia sobre el presupuesto total de Educación del 3,7% al 3,6% en su segunda gestión. Desde hace 9 años dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales didácticos que recibían estudiantes de inicial y primario. Lo mismo con los materiales específicos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de señas Argentina español, máquinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales.
En los últimos diez años, la modalidad de Educación Especial en CABA tuvo cinco directoras, y la mayoría no provenía de éste ámbito educativo. Según varios especialistas, esto genera que las políticas educativas para el sector hayan sido escasas o nulas, y la sensación desde nuestra gestión es siempre un ‘volver a empezar’. Las y los docentes del sector tiene que volver a explicar una y otra vez a funcionarios y asesores qué es lo que hacen en las escuelas. Una lógica que, evidentemente, impacta en la tarea diaria y en el fortalecimiento de la modalidad.
El ajuste en Educación Especial parece ser una marca del PRO. Cuando era presidente, Mauricio Macri quitó los fondos destinados a las prestaciones privadas, donde asisten unas 30 mil personas con discapacidad. Se desentendió del manejo del programa Incluir Salud y descentralizó su presupuesto en las provincias. La inversión mensual en el área de institutos privados era de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Pero las prestaciones corrientes y complementarias se dejaron de abonar en 2017 y 2018. En su momento, Carlos Alberto Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales, aseguró a Tiempo que no podían “afrontar las obligaciones elementales: la educación inclusiva solo tiene éxito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta población tan vulnerable.”
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