La decisión de la máxima corte es considerada una “victoria” por miembros del movimiento LGBTI en el país suramericano.
«La Sala Constitucional del máximo tribunal de la República anuló, a solicitud del Defensor del Pueblo, ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 (..) por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar», indicó el TSJ en su sitio web.
«La referida norma, cuya existencia fue cuestionada por organismos internacionales, imponía pena de 1 a tres 3 años de prisión al militar que cometiera ‘actos sexuales contra natura’, sin definir qué debe entenderse por tales actos», añadió la nota.
La máxima corte consideró además que «dicha interpretación, a la luz de las concepciones científicas, sociales y jurídicas actuales, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales (…) por ser contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos».
A pesar de haber sido objeto de varias reformas, la más reciente en septiembre de 2021, el citado artículo artículo -565 del Código de Justicia Militar- permanecía inamovible, pese a pedidos de derogación de activistas ante el Parlamento, de mayoría oficialista.
La decisión de la máxima corte, sobre la que recaía declarar o no la inconstitucionalidad de este artículo, es considerada una «victoria» por miembros del movimiento LGBTI en Venezuela.
«Después de tantos años de lucha hemos logrado la nulidad del artículo del código de justicia militar», dijo el activista Leandro Viloria, uno de los promotores de la abolición del artículo, que derivó en la expulsión de un número no precisado de oficiales.
Un militar expulsado tras descubrirse que era homosexual señaló que la anulación del artículo le abre la posibilidad a pedir su reincorporación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
«Ahora es cuestión de evaluar si dada esa situación mi reenganche procede, al menos con esto desaparecerá el temor», señaló bajo anonimato.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de políticas y leyes que garanticen los derechos del colectivo LGTBI en Venezuela.
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