Es por el crimen del militante Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010.
El fallo de la Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensa de Pedraza y de otros once condenados por el homicidio de Ferreyra y las severas lesiones causadas a Magalí Elsa Rodríguez por el grupo agresor que respondía a Pedraza.
Además, el máximo tribunal también ratificó las condenas impuestas a Juan Carlos Fernández (15 años), número dos de Pedraza en el gremio, Cristian Favale, Gabriel Fernando Sánchez (18 años cada uno, por ser coautores materiales del crimen), Pablo Marcelo Díaz (18 años, como partícipe necesario), Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González (11 años cada uno, por ser considerados coautores del homicidio de Ferreyra), Jorge Raúl Ferreyra, Hugo Ernesto Lompizano, Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, Luis Alberto Echavarría y Luis Osvaldo Mansilla, también juzgados por el ataque con armas de fuego perpetrado en el barrio porteño de Barracas.
La resolución judicial lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y desestimó el recurso de queja interpuso por la defensa de Pedraza contra la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que a su vez había rechazado recursos de las defensas contra las condenas impuesta al extitular de la UF y los restantes acusados por el Tribunal Oral en lo Criminal 21 que los juzgó.
La causa por el homicidio de Mariano Ferreyra llegó a la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año por la vía de recursos de queja, después de que a fines de 2015 la Sala III de la Casación rechazara un recurso extraordinario presentado por las defensas contra las condenas dictadas por el Tribunal Oral 21.
Ante esta decisión judicial, Pedraza seguirá gozando de la prisión domiciliaria que le fue concedida en febrero de este año. El fallo confirma que el ataque de la patota que asesinó a Mariano y causó las heridas a Elsa fue planificada por el propio Pedraza y refuerza nuestro reclamo para que se anule el beneficio de la prisión domiciliaria y que cumpla su condena en una cárcel común, dijo el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano.
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