La crisis del plan oficial para «cauterizar» el pasado

Diez días después del fallo de la Corte que habilitó la aplicación del 2 x 1 para condenados por delitos de lesa humanidad, el gobierno transmite “alivio” por la corrección exprés que hizo el Congreso en 48 horas para limitar el alcance de la decisión dividida del máximo Tribunal. El balance de los voceros del Presidente es cercano a la autocelebración. Evalúan que la Casa Rosada logró “despegarse” del auspicio que le prodigó a la Corte, junto a un sector de la Iglesia, para que hiciera lugar al lobby de los abogados y familiares de los genocidas presos.

Sin embargo, la lectura oficial admite que el medio millón de personas que el jueves pasado desbordó la Plaza de Mayo para repudiar el fallo “le devolvió parte de la iniciativa a la oposición”, desde que Cambiemos logró acuñar la primera marcha a su favor el pasado 1 de abril. Cuarenta días después de esa manifestación que envalentonó al Gabinete, algunos funcionarios recuperaron el rostro taciturno que supieron exhibir en el amargo comienzo de este año, cruzado por el escándalo del Correo y un verano cargado de números más magros de los esperados. Aún así, “el escenario es distinto”, contestaron ante las consultas de este diario. “Pudimos responder a tiempo: formamos parte de la corrección que le hizo el Congreso a la Corte y ahora nos queda promulgar la nueva ley votada en tiempo récord”, festejó un habitante de la Casa Rosada.

El debate sobre los derechos humanos que disparó la Corte incomodó al Gobierno, pero también le permitió sortear, con menos costos políticos, algunos crujidos dentro de la política económica y de seguridad del oficialismo. La inflación de abril (2,6%) fue la más alta de los últimos diez meses, y la perspectiva anual de la economía real puede duplicar el 17% que pronostican en el Gabinete Económico para todo 2017. A cinco meses de las elecciones de octubre, los números de la población de a pie atentan contra la premisa discursiva de Cambiemos de evitar hablar de economía, y apostar a una politización del debate electoral dentro de una directa confrontación con el kirchnerismo, en el marco de una campaña corta y breve. A ese cuadro se sumó la reaparición del caso Odebrecht en la agenda, con posibles nuevas complicaciones para el titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Por debajo de la evolución estable de la imagen presidencial, en algunas oficinas donde los funcionarios consultados se animan a despegarse de la bajada de línea de la Jefatura de Gabinete, admiten que la irrupción del 2×1 puso en crisis –o al menos estableció un límite- al plan de politizar el debate sobre los derechos humanos y “cauterizar el pasado” con el discurso de la Iglesia para lograr la “reconciliación de los argentinos a partir de la verdad y el perdón”.

Para el macrismo, el motor de la maniobra reconciliatoria tiene réditos políticos que no tienen que ver con el rol del clero, sino con el “voto militar”, una categoría identificada por el analista conservador Rosendo Fraga en una entrevista con el diario Ámbito Financiero. En la lectura del gobierno, ese millón de votos que aportan los uniformados de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías provinciales tuvo un peso clave en las elecciones de 2015 y podría volver a tenerlo ahora. Las agitaciones públicas que disparó Macri, desde que asumió, para dudar sobre la cantidad de desaparecidos y reinstalar la teoría de los dos demonios, estuvieron concentradas en capitalizar el voto “anti-k”, consolidar el núcleo de votantes propios y, también, dialogar con la vocación castrense de una parte del electorado que Cambiemos registra como “propio”.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, el debate del 2×1 opacó un tema muy sensible para ese conglomerado de uniformados, como es la conducción de las Policías Bonaerense y de la Ciudad. En menos de 15 días, la gobernadora María Eugenia Vidal pasó a retiro a su jefe policial Pablo Bressi, luego de sostenerlo por casi un año a pesar de las denuncias de corrupción en su contra. Además, este viernes el detenido y suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, renunció al cargo en medio de una investigación por coimas, como informa Tiempo en su edición de hoy. Pero el problema no sólo tiene que ver con los conflictos de las dos Policías más importantes para la política de Cambiemos, sino con el malestar de la masa de uniformados de la ex Policía Federal que no logra digerir una transferencia que sigue accidentada, a cuatro meses de su estreno. Tal crisis, por ahora, sigue en estado latente, aunque su estado es tan delicado como la economía.