La diversidad sexual en el mundo sigue bajo amenaza

Alrededor de un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen leyes que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Así lo indicó el informe Nuestras identidades bajo arresto que la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) presentó el miércoles 15 de diciembre.

La investigación se centró en registrar cómo en las últimas dos décadas algunos países continúan criminalizando a identidades LGBT a partir de leyes que continúan vigentes, aunque se consideren “regulaciones inactivas”.

El rol de los gobiernos

“Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo”, dijo Kellyn Botha, consultora de investigación para ILGA Mundo y autora del informe.

Y agregó: “Los gobiernos a menudo subestiman estas leyes criminalizantes como ‘regulaciones inactivas’, pero las leyes nunca duermen realmente”.

También afirma que “este informe proporciona sobrada evidencia de cómo las disposiciones criminalizantes han sido efectivamente usadas contra nuestras comunidades en todo el mundo, en ocasiones siendo reactivadas después de años como una mera amenaza escrita en los códigos legales”.

“Con base a estas normas es que después las fuerzas de seguridad, y luego el poder judicial juzgan y condenan a estas personas”, añadió Lucas Ramón Mendos, editor del informe y coordinador de investigación de ILGA Mundo.

La confección del informe

El documento recopila aproximadamente 900 instancias de criminalización en 72 países, aunque “hay claros indicios de que el número real de detenciones y procesamientos es considerablemente mayor a los registrados en todas las regiones”, advierten desde ILGA Mundo.

“Lo que hicimos es documentar caso a caso todas las instancias sobre todo lo que son las técnicas mediante las cuales las personas caen presas del accionar policial, las pruebas que se usan y ver cómo hay determinados patrones en varias regiones”, explicó Mendos a Presentes.

En este sentido, uno de los principales hallazgos que se registró en todos los países observados fue “que en todas las instancias donde interviene la fuerza de seguridad hay violencia física y psicológica como regla”, indicó el editor del proyecto.

Y resaltó: “No pudimos encontrar documentos o testimonios de las víctimas donde no se incluyeran insultos, humillaciones, pedidos de ‘favores’ sexuales, sobornos, torturas, golpes”.

Las fuerzas de seguridad, principales agentes de la violencia

Otro de los hallazgos que develó el informe fue que la expresión de género “desempeña un papel clave en numerosos casos de aplicación de leyes criminalizantes”, señala el documento.

“El prejuicio que todavía cala hondo muy fuerte en las fuerzas de seguridad se ve a lo largo y ancho del mundo”, dijo Mendos.

“Ese prejuicio es disparado particularmente por las expresiones de género diversas. Cualquier persona que no esté alineada lisa y llanamente con lo que culturalmente se espera que se comporte un hombre o una mujer en términos binarios despierta por parte sobre todo de las fuerzas de seguridad una saña bastante furibunda y esto también lo vemos trasladado al poder judicial en muchos países”, dijo Mendos.

Una población violentada y abandonada

Además, la investigación da cuenta de la revictimización y el desamparo que viven muchas personas LGBT.

“Hay personas que quieren denunciar que han sufrido delitos y en una gran mayoría de países cuando se acercan a la policía su propia expresión de género o la sospecha que puede llegar a generar su expresión de género en los policías suele terminar en el arresto de la persona. Esto ha pasado incluso cuando la persona quiso denunciar delitos graves, como violación, cuando obviamente lo que debería obtener es protección de parte del Estado”, detalló el coordinador de investigación de ILGA Mundo.

Entre otras afirmaciones a las que llega el informe, se encuentra que las nociones binarias y esencialistas de género aumentan la criminalización de personas trans y de género diverso.

También que los medios de comunicación tienen un rol importante en el modo en que los Estados aplican las disposiciones criminalizantes.

Por último, que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo “siguen siendo castigados con multas, prisión, castigos corporales y (posiblemente) la pena de muerte”, detalla.

En el caso de Argentina, actualmente no cuenta con legislación que criminalice a la diversidad sexual. Entre las década del 50 y 90 hubo normas que no estaban en el Código Penal, pero que funcionaban a nivel local. Eran los edictos policiales o normas contravencionales.

De aquí se desprende la única mención al país que existe en el informe.

Se trata de la detención que vivió el 29 de marzo de este año la activista trans de 63 años, Ivanna Aguilera, por cargos relacionados con una prohibición de vestirse con prendas del “sexo opuesto” que se había derogado en 1988.

¿Qué pasa en América?

Aunque en varios países de América Latina ya no exista este tipo de legislación, hay otras normas que se utilizan para criminalizar a la diversidad sexual de forma indirecta.

“En Argentina las leyes de narcomenudeo, narcotráfico se utilizan desproporcionadamente para criminalizar a las personas trans, sobre todo las que están en situación de prostitución o ejercen trabajo sexual”, indicó Mendos. Aclaró que igualmente el informe no contempla este tipo de normativa.

Por otra parte, las formas más comunes de detenciones en los países con legislación criminalizante son las redadas, las detenciones callejeras, las emboscadas por Internet por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de terceras personas. 

También hay una mención a Cuba por ataques policiales a mujeres durante la pandemia por el Covid-19.

Otros países que aparecen mencionados del continente son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Guyana y Jamaica.

Causas irregulares

Además hay ciertos tipos de “pruebas” que se utilizan para efectivizar las detenciones, como exámenes anales forzados. A pesar de que se consideran una violación a los derechos humanos y una forma de tortura por la Relatoría Especial de la ONU sobre la Tortura y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura.

Se consignan también confesiones obtenidas a partir de tortura o, directamente, la falta de pruebas.

“La existencia misma de las normas que criminalizan es un riesgo. Pone a las personas LGBT en una situación de criminalidad por el hecho de ser como ellas son o por su propia expresión de género. Tratamos de poner foco en estos países sobre todo para que todavía se tenga en cuenta que mientras debatimos cuestiones quizá mucho más avanzadas en algunas regiones, en estos lugares todavía hay situaciones críticas”, concluyó Mendos.

El informe se puede descargar en este link.