La Dirección Nacional de Migraciones quiere expulsarla de la Argentina y separarla de su esposo y sus tres hijos. Hace 15 años fue condenada por una causa de drogas y 11 que salió de prisión, pero la perjudica un decreto presidencial de 2017.
El 17 de noviembre de 2006, Liz fue sentenciada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. “La única causa que tuve en mi vida, gracias a Dios”, remarca. Fue alojada en el penal de Ezeiza y a los dos años un funcionario de Migraciones la visitó con una propuesta: volver a República Dominicana o quedarse en la Argentina a cumplir la totalidad de la pena.
“No lo tuve que pensar demasiado –recuerda– porque todos mis esperanzas ya estaban puestas aquí. Firmé un papel y purgué mi condena sin adeudar un solo día. Cuando salí, rehíce mi vida, pero cumpliendo con todas las condiciones que me impusieron, como ir a firmar cada semana al Patronato de Liberados”.
Liz, que hoy ya tiene 39 años, abrió una peluquería, se casó, tuvo tres hijos, terminó el primario y empezó el secundario. “Me olvidé del tema hasta que el decreto lo trajo todo de vuelta”, reconoce.
En 2017, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es decir, sin debate legislativo, el Gobierno modificó la Ley de Migraciones y estableció, entre otros retrocesos, un procedimiento de expulsión que vulnera las garantías de debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de defensa de las personas migrantes.
Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, viene documentando casos como el de Liz que implica la separación de los padres e hijos.
“Hace más de 10 años que Liz cumplió su condena. Después de eso, se reinsertó integralmente en la sociedad, y constituyó su familia. Aún así, el gobierno busca expulsarla y separarla bruscamente de su esposo y sus hijos, en violación al derecho a la unidad familiar y el interés superior del niño protegidos por tratados internacionales firmados”, explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Una década después de que Liz manifestara su voluntad de permanecer en Argentina, la DNM ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso al país por el término de ocho años. Liz elevó la queja a la Secretaría de Interior, pero fue desestimada. Agotada la vía administrativa, la mujer insistió ante la Justicia de primera instancia pero de nuevo recibió un revés. El pasado 22 de agosto, finalmente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal le denegó el recurso de una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia.
“El fallo de la Cámara dice que los niños van a estar bien cuidados por el Estado y por su progenitor a pesar de que el padre no tiene familiares y trabaja de ocho a once horas diarias. También dice que no creen que les vaya a afectar la separación de su madre. Yo por más que le pongo cabeza, no entiendo la decisión de la justicia de exponer a mis hijos a esta situación aunque yo haya hecho lo que hice”, se queja.
El marido de Liz tiene 50 años, de los cuales los últimos 27 los pasó trabajando en una fábrica de cerámica. Su reinserción laboral, en caso que decida seguir a su mujer, es algo que le preocupa y mucho. También la escolarización de los hijos que ya tienen 13, ocho y cinco años. “Si me los llevo –dice Liz– les estoy quitando su tierra, su cultura y un padre maravilloso, pero si me voy sola les saco a la madre, aunque les deje el resto. Yo no puedo entender la ley. Sé que fui culpable, pero ya pasaron 15 años y lo pagué”.
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