El fiscal Gerardo Pollicita sumó pruebas sobre pagos en efectivo realizados por la pareja del jefe de Gabinete en excursiones al exterior, mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito tras el testimonio sobre una operación inmobiliaria que habría ocultado fondos fuera de escritura. El exvocero llega al Congreso esta mañana.

El avance de la causa coincide con la preparación de la presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados, donde el funcionario deberá este miércoles brindar un informe de gestión mientras crece la presión del arco opositor por la falta de transparencia en su situación patrimonial. Los investigadores judiciales contrastan estos niveles de gasto —incluyendo viajes a Uruguay en aviones privados y estancias prolongadas en Europa y el Caribe— con los ingresos declarados por el funcionario desde que asumió sus cargos en el Poder Ejecutivo.
En paralelo, la situación del jefe de Gabinete se vio afectada por testimonios que complican el origen de sus bienes. Pablo Martín Feijoo, quien intervino en la operación de compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, declaró bajo juramento que el acuerdo incluyó un pago de 65.000 dólares «en negro», por fuera de los 230.000 dólares consignados formalmente en la escritura. Dicha propiedad fue adquirida a dos jubiladas que, según consta en el expediente, le otorgaron a Adorni una hipoteca por el 85% del valor con vencimiento a noviembre de este año, facilitando una operación financiera cuyas condiciones han despertado la atención de los peritos contables.
El cerco judicial se completará la próxima semana con la declaración testimonial de Matías Tabar, contratista responsable de las remodelaciones en la vivienda que el matrimonio posee en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. El fiscal Pollicita ha intimado al testigo a presentar la documentación integral de las obras, incluyendo presupuestos, órdenes de trabajo y facturación, con el objetivo de determinar el costo real de las refacciones y el origen de los recursos utilizados. Esta información será crucial para establecer si el crecimiento patrimonial exhibido por el funcionario —que incluye la adquisición de inmuebles y un estilo de vida internacional— encuentra respaldo en sus capacidades económicas declaradas o si, por el contrario, responde a flujos de dinero ajenos al marco de la legalidad pública.
Con información de El Ciudadano
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