Docentes y no docentes llevan adelante un cese total de actividades en rechazo a la presión del Gobierno mileísta y en defensa de la ley de financiamiento universitario. Además, preparan una nueva Marcha Federal para el 12 de mayo en reclamo de salarios dignos.

La respuesta de los gremios ante la advertencia ministerial puso el foco en la contradicción de la gestión libertaria. Representantes de Apuba y AGD UBA subrayaron que el Ejecutivo mantiene un desaire sistemático hacia las instituciones, ignorando una ley ratificada por el Poder Legislativo y validada en instancias judiciales. El desfasaje salarial es un eje crítico: desde la asunción de Javier Milei, los haberes docentes perdieron un 33,6% de su poder adquisitivo real, frente a una inflación acumulada del 293% que no ha sido equiparada por las actualizaciones oficiales, las cuales apenas alcanzan el 160% en el mismo periodo.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) cuestionaron la postura de Capital Humano, comparándola con «prácticas de la última dictadura militar» y señalando un desconocimiento profundo de la autonomía universitaria consagrada desde 1918. El gremio enfatizó que la comunidad educativa no se encuentra en una posición de confrontación contra la educación pública, sino de defensa activa frente a lo que describen como un proceso de «pauperización y asfixia» presupuestaria. Para los trabajadores, la exigencia de normalización académica por parte de un Gobierno que mantiene el desfinanciamiento operativo resulta una medida carente de legitimidad institucional.
Como parte del plan de lucha, la jornada de hoy incluye una clase pública bajo el título «Definime conocer», que tendrá lugar esta tarde en el barrio de Caballito, en las inmediaciones del domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El conflicto, lejos de encontrar un canal de diálogo, se encamina hacia la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. Con la ratificación del paro y la movilización en puerta, la comunidad de la UBA reafirma su postura de rechazo a las políticas de recorte y exige una recomposición salarial urgente que permita la continuidad de las funciones críticas de la universidad pública.
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