La empresa investigada por un default provocado incumplió un acuerdo sellado en enero a cambio de retirar el pedido de preventivo de crisis. Los gremios prometen fuertes medidas.

Cuando todavía no había concluido el concurso de acreedores que está en manos de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, la compañía que operó bajo la sombra del gobierno de Mauricio Macri, presentó en diciembre un Procedimiento Preventivo de Crisis con el propósito de presionar a la justicia en su favor y amenazar con un grave conflicto gremial.
El procedimiento quedó descartado luego de un acuerdo trimestral entre las partes suscripto en enero en el que la patronal comprometía el pago de haberes a cambio de un congelamiento salarial y el pago desglosado del bono de fin de años. Ahora, sin embargo, la empresa apuesta a embarrar todavía más la cancha. Ahora los dueños de la compañía anunciaron frente al conjunto de los representantes sindicales que operan en su interior, que el pago de los salarios de febrero se encuentra en duda.
De la reunión participaron representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD), de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA) y los cuerpos de delegados de todas las plantas de la empresa.
La Federación Aceitera explicó que “el encargado de anunciar la posibilidad de incumplir con la principal obligación patronal, que es pagar los salarios de quienes trabajan, fue el gerente de recursos humanos de Vicentin, Carlos Iglesias, que incluso llegó a mencionar la posibilidad de frenar la producción o cerrar las puertas”. Del cónclave con los representantes gremiales también participaron el gerente de Recursos Humanos, Mario Ferreyra, y miembros jerárquicos de la compañía como Daniel Buyatti y Eduardo Gazze, que, denunciaron, “mantuvieron un silencio sepulcral”.
Los gremios explicaron en un comunicado que “Vicentin se encuentra concursada y si realizara una cesación de pagos generaría una deuda del tipo post-concursal que llevaría a la empresa Vicentin a la quiebra, porque una empresa concursada no puede tomar nuevas deudas, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras. Si eso ocurre, pondrá en peligro unos 1.300 empleos directos y unos 1.700 empleos indirectos”.
Por eso el conjunto de los representantes sindicales rechazaron la versión patronal y adelantaron que “si no pagan los salarios de febrero iniciaremos un plan de lucha que paralizará todas las plantas aceiteras del país”.
Los representantes gremiales aseguraron que el anunció lo “hicieron como si vieran llover” y advirtieron que “no permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario”.
Para los gremios la larga crisis de la empresa que ya acumula más de cinco años va camino a su “liquidación” que, denuncian, tiene como a sus “principales responsables a sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra.
Con todo, adelantan que “no seremos simples testigos” y “no permitiremos el desguace de la misma, ni en manos de las multinacionales ni de grupos locales que especulan con su quiebra y liquidación”.
Por ese motivo confiaron a Tiempo realizaron una presentación frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación exigiendo su pronta intervención y alertando que de persistir la postura patronal de no pagar los salarios y mantener a los trabajadores en la incertidumbre darán comienzo a un plan de lucha que tendrá impacto a escala nacional en todas las plantas aceiteras.
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