Lo acusa de "fomentar la inmunidad" por la implementación de un sistema de contratos. La Presidencia los acusa de corruptos.
Según la acusación del fiscal, Arévalo habría incurrido en abuso de poder y en usurpación de funciones al haber emitido una orden ilegal con la creación de un mecanismo de pago arbitrario para autorizar pagos a contratistas del Estado, de manera específica, a constructores de obras contratados por el citado ministerio.
Por su parte, la Presidencia ha rechazado dichas acusaciones y ha cuestionado la «credibilidad pública», la «solidez jurídica», así como el «propósito legítimo» de las mismas. «Lo único que sostiene estas acciones corruptas de la Fiscalía es la participación de dos o tres jueces cómplices», desestima.
«Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal», apunta Presidencia en un comunicado en el que destaca cómo quienes emiten estas acusaciones «no gozan de ninguna credibilidad».
Curruchiche, así como la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y varios juristas más, fueron acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2023, en las que, contra todo pronóstico, acabó imponiéndose Arévalo. Tanto es así, que han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción y maniobrar contra la democracia.
con EuropaPress
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