La hora de los intocables

La esfera estatal que menos modificaciones sufrió desde la restauración democrática  de 1983 es el Poder Judicial. La derecha vive criticando al Estado, atacándolo sistemáticamente por la cantidad de trabajadores que tiene, por los servicios que presta, los impuestos que cobra. Sin embargo, hay resortes clave del Estado que los sectores conservadores colonizan con la misma insistencia con la que cuestionan los otros. Uno de esos sectores, sin duda el más estratégico, es el judicial.

La reforma planteada por el presidente tiene varias aristas y complejidades. El debate será arduo y habrá modificaciones en el camino. El análisis específico de lo que se proponen recién comienza. Sin embargo, la reacción de los grandes medios de comunicación, las acusaciones de un supuesto “plan de impunidad” para la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, la ausencia de la mayoría de los miembros de la Corte en la presentación del proyecto indican que a la Familia Judicial y la derecha mediática no quieren que se mueva una sola maceta en un territorio que consideran propio.

El caso Vicentin, o lo que ocurrió con la Ley de Medios de Cristina, son muestras de por qué los sectores conservadores apuntan a mantener  colonizado y disciplinado el Poder Judicial. Termina siendo el reducto de la resistencia del statu quo.

Esto no ocurre sólo en Argentina. Quien se tome el trabajo de ver el recorrido de la reforma del sistema de salud que impulsó Barack Obama en Estados Unidos se dará cuenta de que en el norte también se consigue. Allí también el sistema judicial tiene muchas veces la función de frenar cambios que tocan intereses de grandes corporaciones. La reforma de Obama se aprobó en el Parlamento. Luego fue judicializada en diversos estados y finalmente Trump ganó las elecciones y la derogó. ¿Suena? Es muy similar a lo que ocurrió con la Ley de Medios en Argentina.

Claro que el sistema judicial no es sólo eso. Hay luces y sombras. El juez Alejo Ramos Padilla, que investiga la causa que destapó el mecanismo de una nueva práctica autoritaria, bautizada lawfare, también es parte de la Justicia. 

Hay un punto que juega fuertemente a favor de la reforma impulsada por el presidente Alberto Fernández. No hay ninguna encuesta,   no importa si la consultora es cercana al macrismo o al kirchnerismo, que no muestre que el Poder Judicial tiene una pésima valoración por parte de la sociedad. Según la última medición de la Universidad de San Andrés, compite en el fondo de la tabla con el Fondo Monetario Internacional. El plafón social para impulsar modificaciones existe. Más del 80% de los argentinos piensa que la Justicia funciona mal. Es una de las principales fortalezas con la que el gobierno sale a la cancha para librar este partido, que será complejo. Porque siempre es difícil cambiar las reglas de juego para quienes se sienten intocables.