La Iglesia advirtió sobre el proyecto de bajar la edad de punibilidad

En una declaración difundida este viernes, la comisión recordó asimismo la postura que tenía sobre el tema el papa Francisco como cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005 advirtió: “Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados”.

En el comunicado, la comisión pastoral expresó: “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.

En ese sentido, señalaron que la intención del gobierno nacional “no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones ‘Ni un pibe menos por la droga’” que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.

Si bien la comisión episcopal sostuvo que “no debe rechazarse” el debate para adecuar la legislación penal juvenil, se señaló que “necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas” y “no puede centrarse solamente en la persecución estatal” sino en “cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”.

“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi ‘enemigos sociales’. No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, sostuvieron en el texto.

En ese marco, se advierte que la actividad estatal “no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral”.

“Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones”, agregó la declaración.

Y recuerda que ya lo decía el papa Francisco en 2005: “Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.