La impunidad que habilitó a los golpistas de la dictadura genocida, dos décadas después

En la historia de la violencia política en la Argentina, los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955 fueron un hecho sin precedentes al atacar a la población civil desde aviones de guerra para intentar derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón e implantar el terror. Los responsables, sectores de las Fuerzas Armadas y de la oposición política (radicales y conservadores), ya lo habían intentado varias veces antes y lo lograron unos meses después, en septiembre del ’55, dando comienzo a casi dos décadas de proscripción y persecución del peronismo.

Muchos de los nombres que participaron en esos ataques volverían a aparecer durante los siguientes gobiernos de facto y también más de 20 años después, con la dictadura genocida de 1976. La clave para esa continuidad fue ni más ni menos que la falta de justicia: una impunidad garantizada por el régimen que, tras derrocar a Perón, emitió varios decretos para perdonar a los que estaban prófugos y amnistiar a quienes habían sido condenados o destituidos por atentar contra la democracia. 

“El no juzgamiento, la no investigación, la no persecución, la no condena. Ahí estuvo el origen de muchos males posteriores porque (los autores) sabían que no le pasaba nada. El único militar que terminó siendo enjuiciado y ejecutado por levantarse fue Juan José Valle y no por levantarse contra la Constitución sino a favor de la Constitución. Todos los otros golpistas ganaron, perdieron, pero se terminaron reciclando o arreglando. Por eso siempre vuelve a pasar otra y otra vez”, resume en diálogo con Tiempo el abogado y docente Luis Alen, quien fue subsecretario de Derechos Humanos durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde.

En 2009, una investigación del Archivo Nacional de la Memoria por primera vez aportó listados de víctimas y victimarios de esa matanza y puso el foco en las continuidades. “No habría sido posible el bombardeo del 16 de junio de 1955 si no hubiera existido el intento de golpe de Estado del general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951 y el del coronel Francisco Suárez en 1952, cuya unidad con los golpes posteriores no solo está dada por sus propósitos, sino por la presencia de los mismos protagonistas”, escribió Duhalde en su prólogo y señaló que “la impunidad que gozaron los asesinos habría de alentar el in crescendo criminal que culminó en 1976 con el secuestro, tortura, detención-desaparición y asesinato de millares de personas”. 

Habilitados por esa impunidad, fueron varios los militares que actuaron en los dos procesos y que fueron revelados en 2009 en la investigación del Archivo. El caso más visible es el de los integrantes de la primera junta militar Emilio Eduardo Massera, quien era asistente de uno de los organizadores del ataque, el contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri, y Orlando Ramón Agosti, jefe de Fuerza Aérea, quien participó del levantamiento militar de 1951, encabezado por Benjamín Menéndez.

Otro de los asistentes de Olivieri, el capitán de fragata Oscar Montes, fue jefe de Operaciones Navales del Estado Mayor de la Armada y en paralelo estuvo a cargo del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA entre 1976 y 1977, momento en el que fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores del “Proceso”.

Ese 16 de junio, el ataque estuvo protagonizado por unos 90 aviadores, en su mayoría de la Armada. Entre los pilotos y tripulantes estaban varios marinos que a partir de 1976 tendrían roles importantes: Máximo Rivero Kelly, quien fue luego jefe de la base Almirante Zar de Trelew y jefe de la Fuerza de Tareas 7 en dictadura, entre otros cargos; Horacio Estrada, quien fue jefe del grupo de tareas de la ESMA en 1981; Eduardo Invierno, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Naval (SIN); Carlos Fraguío, quien fue titular en 1976 de la Dirección General Naval con responsabilidad sobre la ESMA y Alex Richmond, quien  fue agregado naval en Asunción, entre otros. De la Fuerza Aérea estaban Jorge Mones Ruiz, quien sería durante la dictadura delegado de la SIDE en La Rioja, y Osvaldo Andrés Cacciatore, quien luego gobernaría de facto la ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1982.

Todos ellos escaparon tras los bombardeos y fueron recibidos en Uruguay por otro militar prófugo, Carlos Guillermo Suárez Mason, quien había escapado tras su participación en el intento de golpe de 1951 y a partir de 1976 ocuparía la comandancia del primer cuerpo del Ejército.

Con la vuelta de la democracia, los juicios por crímenes de lesa humanidad alcanzaron a algunos de esos autores por los crímenes cometidos a partir de 1976, como Massera y Agosti en el Juicio a las Juntas y Montes en la megacausa ESMA, aunque la mayoría murió antes de que avanzaran las causas. En un intento por terminar con la impunidad, en 2023, al cumplirse 68 años de los bombardeos, la Secretaría de Derechos Humanos, la APDH y familiares de víctimas presentaron un pedido para que se investiguen como crímenes de lesa humanidad en un juicio por la verdad, como se hizo en Chaco con la Masacre de Napalpí, pero el expediente aún no tuvo avances.

“Creo que Perón no se sentía muy fuerte en ese momento para impulsar una investigación y decidió poner el freno y tratar de preservar la suerte del gobierno, algo que igual no pudo hacer. Esa teoría del perdón y del olvido llevó a disparates tales como que uno de los tipos que puso bombas en el subte en el 53, (Roque) Carranza, quien después fue ministro del gobierno de Alfonsín, ahora tenga su estación de subte (por la estación Carranza de la Línea D)”, sostuvo Alen y concluyó: “Como no pueden terminar a través de los votos con los gobiernos populares, generalmente buscan otras formas. En ese momento se buscaron las bombas como después los asesinatos, las desapariciones y ahora ya tienen medios más refinados como la persecución judicial, que es una de las grandes fallas que tuvieron los gobiernos populares, no haber cambiado el sistema perverso que tiene la administración de justicia en nuestro país”.