La industria relativiza el impacto de la importación de alimentos

La escalada de los precios minoristas sigue siendo uno de los temas que más preocupan a la población en general, junto con la caída extrema del poder de compra del salario medio.

Por eso asusta también al gobierno que integran varios de los más pintados enemigos de la intervención estatal en la economía, incluyendo al presidente, Javier Milei, y a su ministro de Economía, Luis Caputo, quienes, en los últimos días, presionaron sobre los formadores de precios con el objetivo de hacer bajar el índice de inflación a un dígito lo más pronto posible. 

Lo hicieron en reuniones que se realizaron la semana pasada y este lunes, pero los aprietes parecen no haber llegado a buen puerto, habida cuenta de que horas después desembocaron en la liberación de las importaciones de productos de la canasta familiar anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Aun resta conocer los detalles de la iniciativa.

El resultado inflacionario de febrero, del 13,2% informado por el Indec este martes, generó «euforia» en el gobierno, según se pudo constatar en las opiniones de Milei y sus funcionarios. Pero el titular de la administración insiste en que el promedio de los aumentos ya estaría en un dígito si no fuera por la metodología que implementa el ente estadístico nacional para la confección de sus informes.

Por esa razón, Milei instruyó a Caputo para que convocara a los fabricantes de alimentos, bebidas, tocador y limpieza, quienes volvieron a justificar sus precios como consecuencia de las condiciones macroeconómicas locales y por el contaste aumento de sus costos, por ejemplo, impositivos, laborales, de los insumos que necesitan para producir y de los servicios que consumen para el mismo fin.

En la reunión del lunes, el titular de Economía pidió a los supermercadistas que dejen sin efecto las promociones del tipo 2×1 o 3×2 que el presidente Milei define como una triquiñuela del sector para evitar una baja concreta de los precios de los productos que, según razona, deberían haber bajado en forma clara debido a la caída del consumo.

Para el primer mandatario, esas promociones son responsables de que la inflación de febrero no haya quedado en el nivel de un dígito.

Los representantes de las cadenas de supermercados apuntaron contra los proveedores, a los que denunciaron por ajustar sus listas de precios en forma constante.

En las empresas importantes del sector de consumo masivo seguían calculando los pasos a seguir. Algunas alimenticias se pusieron de acuerdo para trasmitir su malestar y declarar que la medida era «apresurada». También relativizaron el impacto que la apertura de importaciones podría tener en el mercado local con una rapidez beneficiosa para el consumidor.

Hay que tener en cuenta que las grandes fábricas tienen capacidad para importar y que podrían reinventarse al menos parcialmente para adaptarse a las nuevas reglas de juego. Los supermercados también pueden apelar a la importación y arbitrar los precios del exterior con los locales, reduciendo el impacto en la baja de los valores.

Otra posibilidad es que el volantazo sea una jugada del gobierno para forzar a los operadores del mercado a responder en el sentido que le interesa a la Casa Rosada.

Lo más concreto es que todo el procedimiento de las autoridades en torno a este tema, la urgencia por comunicar una baja contundente de la inflación, la convocatoria a las fábricas y a los comerciantes para pedirles que bajen los precios, y la decisión de liberar las importaciones un día después, contradicen el perfil de La Libertad Avanza que llegó al poder con el discurso desregulador, y que entre sus propias medidas dinamitó normativas como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas.

Esas y otras leyes son instrumentos que podrían servir para evitar los abusos de mercados monopolizados, oligopolizados y cartelizados que están detrás de los abusos en la formación de los precios a los que tampoco apeló el gobierno del Frente de Todos.