La interna de espías que hizo saltar la causa de los cuadernos: Javier Fernández vs Jaime Stiuso

El auditor general de la Nación Javier Fernández recusó hoy al juez federal Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de estar protegiendo al espía Antonio Stiuso, quien –según entendió- aparece mencionado crípticamente en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El planteo parece insinuar una ruptura entre Fernández y Stiuso, amigos personales y colaboradores mutuos en el trajín diario por los pasillos de tribunales.

Según el escrito, firmado por el abogado de Fernández, Domingo Montanaro, las fotocopias de los cuadernos mencionan el 19 de octubre de 2015 a una persona identificada por una letra, “J” y supuestos vínculos de inteligencia, quien según la acusación es “Javier”. Pero el escrito indica que   “resulta de público y notorio en el ámbito judicial y político que “J”, no es otra persona que “JAIME”, nombre de guerra del Agente de Inteligencia y Director de Operaciones de la SIDE, ANTONIO “JAIME” STIUSSO”.

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“De esta manera cerraba más aún la probabilidad de que el Sr. Juez (Claudio Bonadio) pretendiera desvincularlo de la causa a “JAIME”, involucrando a su amigo “JAVIER FERNANDEZ” en episodios de sobornos que ha negado en su acto indagatorio, tal vez porque en la causa debería caer solamente el Auditor General de la Nación, y no el Agente de Inteligencia, amigo personal del Dr. Claudio Bonadío y del Fiscal interviniente Dr. Carlos Stornelli, como daño colateral de una operación de inteligencia promovida o pergeñada por “JAIME”, quien debería desaparecer de la escena judicial, ya que podría comprometer la estrategia de persecución individual si fuera convocado a prestar declaración en la causa”.

De esta manera, el auditor le atribuyó tácitamente a la causa el carácter de una “operación de inteligencia” con el sello de Stiuso.

El escrito es particularmente duro con el ex juez Norberto Oyarbide. Critica su declaración indagatoria, en la que dijo que Fernández y Stiuso lo habían “apretado del cogote” para que sobreseyera al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, “y al día siguiente en operación de prensa cohonestada por el periodista “Baby” Etchecopar en Radio 10, medio radiodifusor del empresario Daniel Hadad, la mariquita llorona en un ataque de histeria manifestó que quería que el Dr. Bonadio lo fuera a buscar, porque tenía miedo que lo mataran, porque quería desdecirse ante el Juez en ampliación indagatoria”.

“Y como ya el escándalo de ocultamiento de “J” era insuperable, el juez optó por hacerlo declarar”.

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El abogado de Fernández realizó una jugada osada: recusó al Diario La Nación. Ese recurso no está contemplado en ninguna de las formas que existen en el Poder Judicial, porque un medio de prensa no es juez ni fiscal, cuanto menos no en el rol formal en un expediente. Pero según Montanaro, el centenario periódico  “sin ser parte en el expediente, viene publicando sistemáticamente y casi on line con la actividad del juzgado las diversas diligencias que lleva a cabo, el contenido de las actas indagatorias de los imputados, detenidos o en libertad, con textualidades que solo pueden ser determinadas con la entrega inmediata que hace el Juzgado al periodismo seleccionado para la difusión pública, de negativas a declarar, declaraciones o arrepentimientos de imputados”.

Según el escrito, La Nación es “un sujeto que trabaja como auxiliar de inteligencia del Juzgado y la Fiscalía, que sigue las directivas del Juez a quo, en consonancia con la Embajada Americana (fue adquirido por fondos norteamericanos del Gobierno Norteamericano), a la que resulta asiduo concurrente y festejante el Juez y el Fiscal interviniente”.

Fernández comparó los métodos de Bonadio y Stornelli con los utilizados por la dictadura en la represión ilegal que causó 30 mil desaparecidos.

“Este procedimiento de captura, presión y arrepentimiento, se asimila lamentablemente a la sistematización de represión que empleó la última dictadura militar argentina (1976-1983), donde si aparecían mencionados en anotaciones sospechosos de actividades subversivas o terroristas, los grupos de tareas con sus Ford Falcon se desplegaban por el territorio cedido a cada Cuerpo de Ejército, Marina o Aeronáutica, para capturar al subversivo, someterlo a tortura, y procurar la delación de los compañeros de lucha armada”.

Ejemplificó con la situación de Centeno: “a poco de iniciada su declaración indagatoria, sin la presencia de su abogado defensor particular designado en otras causas, sin que fuera convocado el mismo, se le designa “oficiosamente” al Defensor Oficial Gustavo Kollmann (funcionario que eventualmente deberá responder administrativamente por su opaca actuación ante el Ministerio Público de la Defensa), acto seguido se obtiene su acuerdo de colaboración y se inicia la cacería de imputados a quienes se detiene, obtiene acuerdo de colaboración bajo presión de no excarcelarlos, y luego de la delación se los premia con la libertad ambulatoria”.

Pero contrapuso que “este procedimiento no se llevó a cabo con Ángelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación. El Juez no se atrevió. Antes bien, Ángelo pasó previamente por el consejo del primo presidente”.