La investigación que rastrea la deuda de Macri confirma la fuga y va por los autores

La toma de deuda externa por parte de un gobierno soberano es una decisión política no judiciable. Pero  la toma de deuda a nombre de un Estado por el cual el tomador –su presidente– no habrá de responder es una estafa, cuanto menos. Ese es el meollo de la causa 3561/19, que tramita ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi, dos de los funcionarios judiciales menos contaminados de los tribunales federales de Retiro. El viernes por la tarde, cuando el edificio de Comodoro Py 2002 estaba prácticamente vacío, y la letra fina del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional apenas había ingresado al Congreso, alguien le preguntó a la jueza Capuchetti: ¿qué pasaría si el acuerdo incluyera, como ocurrió con las vacunas del laboratorio Pfizer, una suerte de cláusula de indemnidad respecto del préstamo contratado durante el gobierno de Cambiemos? La magistrada se sorprendió, porque hasta entonces nadie había hablado de tal cosa. Más aun, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández dijo expresamente (y en ese momento se retiraron los legisladores del PRO): “Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”.

Entonces, ¿por qué la oposición blandió el argumento de las decisiones políticas no judiciables, que no respetó –por ejemplo– en las causas Dólar Futuro y Memorándum de Entendimiento con Irán? La respuesta es: porque no hay tal cláusula de indemnidad, porque la documentación que pidieron la jueza y el fiscal se encamina a demostrar la fuga escandalosa de capitales y, sobre todo, porque el expresidente Mauricio Macri está virtualmente confeso del delito.

El 15 de noviembre de 2021, la jueza Capuchetti reservó en la documentación del expediente un pendrive que presentó la Procuración del Tesoro que contiene la entrevista que Macri concedió a la CNN, en la que reconoció: “La plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Ese día, de manera imperceptible, se reactivó la causa que se inició en 2019 pero avanzaba en tribunales con la agilidad de una tortuga con artritis.

La jueza reclamó en las últimas horas una batería de medidas y decidió que, una vez recabada toda esa información, la causa pasará “a estudio”. Eso significa que habrá llegado la etapa de evaluar si formula imputaciones concretas, en ese caso contra quiénes, y como consecuencia lógica, los llamados a indagatoria.

La documentación recabada hasta el momento y la reclamada como medidas de prueba muestran la fuga de divisas. Un total de 24.679 millones de dólares fueron comprados por “cien agentes” entre diciembre de 2015 y octubre de 2019. ¿Fue legal? Probablemente. Pero eso es fuga; solo falta ponerle los nombres y las fechas.

Diez personas compraron 7945 millones de dólares para Formación de Activos Externos (FAE). Es decir, compra de dólares para atesoramiento. Eso significa que diez personas compraron en cuatro años unos 800 millones de dólares en promedio y los guardaron en el colchón, en una caja de seguridad, en una caja fuerte o los sacaron del país de manera clandestina.

Un grupo no cuantificado de personas jurídicas (empresas, bancos, corporaciones) compró 41.124 millones de dólares. Con la flexibilización de las posibilidades de enviar dividendos al exterior, ese dinero también desapareció de la superficie argentina.

Pero entre las medidas ordenadas por la jueza a instancias del fiscal hay una perla, enigmática, que amenaza con completar el presunto cuadro delictivo. ¿Quién fue “la persona física que habría realizado operaciones por la suma de U$S 40,5 millones, en el período de referencia”?

En mayo de 2018, Macri anunció que la Argentina volvía a pedirle dinero prestado al FMI. En 2021, en aquella entrevista con la CNN (el entrevistador fue Marcelo Longobardi), reconoció que con ese dinero se les pagó a los bancos que huían por supuesto “temor al kirchnerismo.

¿Qué hicieron la jueza y el fiscal? Le ordenaron a la Caja de Valores SA que “en su carácter de agente depositario central de valores negociables y agente de custodia, registro y pago”, precise quiénes fueron “las personas jurídicas y físicas que desarmaron sus posiciones en títulos de deuda Lebacs en pesos desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019, incluyendo los depositantes y comitentes desde y hacia los cuales se efectuaron las transferencias”. El negocio consistía en traer dólares especulativos, convertirlos a pesos, colocarlos en letras Lebacs, obtener rentabilidades superiores al 70 por ciento, retirar los pesos y volver a comprar dólares antes de que se disparara su precio. ¿Alguien tenía información privilegiada que confirmaba lo que había anticipado el economista macrista Carlos Melconian en junio de 2007, cuando advirtió: “Ojo, que todo se puede ir a la mierda”? Eso, también, es fuga.

El dato que corrobora que el dinero del FMI como ingresó salió le fue reclamado al Banco Central. La jueza pidió un detalle sobre “cómo fue la variación/evolución operada de las reservas internacionales con posterioridad a la acreditación del empréstito adquirido con el Fondo, y hasta la fecha”. Esos gráficos existen y se pueden obtener fácilmente en Internet. La curva cartesiana es demoledora: con cada desembolso del FMI las reservas crecían, pero pocas semanas después regresaban a prácticamente el mismo nivel anterior. Eso, también, es fuga.

El último Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina fue de unos 383 mil millones de dólares. Nadie podrá decir que durante el gobierno de Cambiemos desapareció “un PBI”. Eso también era un disparate cuando los voceros pagos de Cambiemos afirmaban que durante el kirchnerismo “se robaron un PBI”.

Sin embargo, los aproximadamente 74 mil millones de dólares que se fueron del país entre 2015 y 2019 representan casi un 20 por ciento del PBI argentino. O, lo que es lo mismo, como dice el diputado Leandro Santoro, “se fugaron un FMI”.  «