Tras el pedido de recusación por parte de los abogados de la vicepresidenta por el rumbo de las pesquisas, la magistrada buscó una salida alternativa para descomprimir.
Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.
A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, en la tarde del miércoles la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.
«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte», sostuvo la jueza.
«Por tal razón habré de delegar la instrucción de la presente causa CFP 2998/2022, sus conexas y legajos de investigación, en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2 (a cargo del Dr. Carlos Rívolo)», continuó la magistrada en la resolución de 4 páginas a la que accedió Télam.
«Por último, debo señalar que el temperamento aquí escogido de ningún modo implica desconocer la expresa directiva del Superior de proceder, con la premura que el caso impone, a la elevación de la causa a su etapa plenaria», advirtió.
Sobre en ese punto, que la fiscalía «cuenta con la vía expedita» del artículo 215 Código Procesal Penal para, «en caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad), avanzar en esa línea».
La jueza decidió poner la investigación en manos de la fiscalía a 83 días del comienzo de la instrucción y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con más información extraída del celular de uno de los imputados.
Por el intento de asesinato de la vicepresidenta están detenidos y procesados como coautores el atacante Fernando André Sabag Montiel y su cómplice Brenda «Ámbar» Uliarte; mientras que en calidad de partícipes secundarios se encuentran Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, que fue excarelada.
Carrizo es el supuesto dueño de la máquina para hacer copos de nieve que vendían Sabag Montiel y Uliarte, mientras que Díaz es una amiga intima con la que «Ámbar» habló sobre su deseo de matar a la vicepresidenta.
La última presentación de la querella estaba referida a información hallada en el celular de Carrizo por la Dirección de Asistencia en Investigaciones Penales (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y plasmada en un informe incorporado en el expediente a fines del mes pasado.
En esa presentación, la querella señaló que el ataque del que fue víctima Fernández de Kirchner «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».
«Mi amigo intentó matar a Cristina», «Es un golpe que le dimos al gobierno» y «esto se va a poner peor», son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación de la querella a la que accedió Télam.
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