Fue por una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que argumentó “la afectación que provoca al derecho a la vida y a la salud”. También pidió que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios.
Después de los despidos notificados el jueves 16 de enero, el CELS hizo una presentación ante el Poder Judicial para solicitar la habilitación de la feria y que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios.
“Con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar”, destaca el escrito y agrega: “Por las consecuencias que eso tiene en las personas usuarias del Bonaparte y por la afectación que provoca al derecho a la vida y a la salud pedimos una intervención judicial urgente”.
En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal el CELS describe la “situación crítica en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”.
“Las políticas de ajuste del gobierno de Milei –continúa el escrito– provocaron una ´reestructuración´ dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, que contempló el despido de 1400 profesionales, entre ellos los del Hospital Bonaparte. La medida alcanza a otros espacios que ya sufrieron despidos desde el comienzo de la gestión, como el Hospital Posadas, pero también a otras áreas del propio Ministerio y de PAMI, y otros hospitales”.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el CELS destaca que “la lucha social y del colectivo de trabajadores y trabajadoras frenó en octubre el intento del Gobierno por cerrar el Bonaparte y lo sostiene en la delicada condición en que está actualmente”.
“Para que el hospital siga cumpliendo sus funciones es imprescindible que el Poder Judicial analice el reclamo y ordene garantizar la capacidad de atención con las que contaba antes de la decisión estatal de ´reestructurar´los servicios del Bonaparte. Este nuevo ajuste del Gobierno impacta sobre miles de usuarios y usuarias que acuden a diario para recibir atención sobre su salud mental y no tienen otra alternativa”, concluye.
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