Casi 18 millones de dólares "malhabidos" que el dictador había heredado a su familia fueron retenidos por el Estado.
La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, explicó que “existe evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que Augusto Pinochet Ugarte incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”.
El 24 de agosto pasado la Corte Suprema emitió su fallo final del llamado “Caso Riggs”, en el que condenó a tres exoficiales del Ejército que ayudaron a Pinochet a ocultar dinero robado de las arcas fiscales en cuentas bancarias en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre del dictador, miembros de su familia y algunos seudónimos. El máximo tribunal del país trasandino ordenó también la confiscación de 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción. Sin embargo, el fallo final determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.
El dinero estaba por ser entregado a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, de 95 años, y a sus cinco hijos, incluyendo una veintena de propiedades. “Se ha accionado en contra de todos los herederos de Pinochet, pues si bien ni se acreditó que hubieren tenido participación en los ilícitos, son los destinatarios de un enorme provecho económico, fruto de una conducta delictual plenamente acreditada”, agregó la presidenta del CDE. La medida se basa en que el fallo afirma que los herederos del general que encabezó por 17 años una cruenta dictadura “son adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes”.
El Caso Riggs estalló en 2004, cuando una investigación del Senado de Estados Unidos encontró las cuentas corrientes a nombre de Pinochet y su familia en el marco de sus investigaciones por el origen ilícito de dinero para financiar el terrorismo tras el ataque a las torres gemelas en 2001.
Por este caso, el dictador –que murió en diciembre de 2006– alcanzó a ser procesado por la justicia chilena, que además ordenó su arresto domiciliario por algunas semanas, pero no llegó a ser condenado.
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